El PT tendrá que reconstruirse para ganarse la confianza de la parte de la izquierda que se ha sentido traicionada

Cuando, la tarde del 1 de enero de 2003, el tornero mecánico Luiz Inácio Lula da Silva se dirigía al Congreso Nacional para pronunciar su primer discurso como presidente, ocho de cada 10 brasileños creían que su Gobierno sería excelente o bueno. El nivel de esperanza, una palabra que se había convertido en su lema de campaña, era el más alto jamás visto en un inicio de mandato desde el retorno de la democracia al país. Después de transitar en un coche abierto, rodeado de simpatizantes, y de ser agarrado hasta casi caerse del automóvil, Lula dejó claro su objetivo para los años siguientes: “Si al final de mi mandato todos los brasileños tuvieran la posibilidad de desayunar, comer y cenar, habré cumplido con la misión de mi vida”, afirmó ante los parlamentarios.

El Brasil de 2003 estaba en crisis y quería cambios. El presidente Fernando Henrique Cardoso, padrino de la estabilidad económica derivada del Plan Real, dejaba el país con una inflación del 12,53% acumulado al año, una deuda interna que había llegado al 60% del Producto Interno Bruto y un crecimiento económico, en la víspera de las elecciones, que apenas sobrepasaba el 1% al año. Casi un 30% de los brasileños vivía en la pobreza.

Lula llegó al poder después de tres intentos frustrados de vencer la disputa presidencial. Se benefició no solo del mal momento al que la crisis económica había llevado a la oposición, sino de un giro en la forma del PT de tratar la política. En primer lugar, le propuso al empresariado, que le tenía miedo a la izquierda, un pacto que le aseguraba al mercado un continuismo en el área económica. Se sumergió en el pragmatismo político, que antes condenaba, para tejer las alianzas que necesitaba. Y se apoyó en el llamado fisiologismo del PMDB, un comportamiento caracterizado por estar motivado más por intereses que por ideología para gobernar. Alió sus habilidades como negociador, adquiridas cuando lideraba las históricas huelgas sindicales de los 70, con el apoyo de políticos expertos del Partido de los Trabajadores (PT), como Genoino y José Dirceu, que nueve años más tarde fueron condenados por el escándalo de compra de votos en el Parlamento conocido como mensalão. El PT estaba en su apogeo. Las investigaciones mostraron que el partido era el favorito de los brasileños. Al pueblo le agradaba el carisma de Lula en sus discursos inflamados. En la cresta de la ola de su popularidad, pudo gobernar sin mayores sobresaltos en el Congreso y emprender el cambio social que había prometido.

En 2010, último año de su Gobierno, los más entusiastas denominaban su período en la presidencia como “Década de la inclusión”. Debido a políticas de distribución de ingresos como el programa Bolsa Familia, en 10 años logró reducir en un 45% el número de pobres y en un 47% el número de personas extremadamente pobres, según los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el mismo período, el Programa Luz para Todos, creado para llevar energía eléctrica a las zonas más remotas del país, casi universalizó el acceso a la electricidad en Brasil y sacó de la oscuridad a ciudades como Queimada Nova, en un rincón del Estado de Piauí, donde solo el 12,62% de los hogares tenía energía en 2000. En 2010 eran el 96%. Entre 2002 y 2012, la tasa real de aumento del salario mínimo al año fue del 5,26%, frente a la reducción anual del 0,22% registrada en la década anterior, según el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).

Con la crisis económica internacional, Brasil implementó una política económica anticíclica: estimuló la producción nacional mediante la reducción de los impuestos, con lo que disminuyeron las tasas de desempleo y se inundó el mercado con productos. También facilitó el acceso al crédito personal y se impulsó el consumo de una nueva clase media que surgía, sacada de la pobreza, especialmente en el noreste del país. Entre 2001 y 2011, el número de hogares con nevera, por ejemplo, había aumentado un 12% en el país y un 52%, por ejemplo, en el Estado de Maranhão. El índice de los que tenían lavadora subió un 51% general y un 190% en el Estado de Alagoas; y el de los que tenían televisión en color, creció un 16% nacional y un 51% en Piauí.

Ante la buena aceptación de su Gobierno y el impacto positivo del boom de la compra de materias primas por parte de China, a Lula, reelegido en 2006, no le resultó difícil colocar a su sucesora en 2010. Dilma Rousseff, su exministra, recibió de su padrino político el apodo de madre del PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento), un conjunto de obras de infraestructura puesto en práctica por el Gobierno. En su primer mandato, Rousseff consiguió mantener y ampliar los logros de su antecesor. En 2014, la ONU declaró Brasil como un país sin hambre. De alguna manera, Lula había cumplido su promesa. En diciembre de 2014 la tasa de desempleo alcanzó el índice histórico mensual más bajo. Pero, mientras el área social del Gobierno celebraba sus conquistas, la economía comenzaba a dar señales de que las políticas anticíclicas se habían mantenido durante demasiado tiempo. A finales de 2015 el dólar batía récords históricos y la inflación comenzaba a volver a los niveles de finales del Gobierno Cardoso.

La difícil campaña que llevó a la reelección de Rousseff en 2014 se produjo en medio de un escenario tumultuoso. La vida del brasileño había mejorado de puertas adentro, pero la población exigía servicios públicos acordes con los impuestos que pagaba, como mostraron las protestas de 2013, que, en suma, pedían mejores condiciones de salud y educación. La conducción económica, vista como desastrosa por expertos, desagradaba al mercado, que rompió el pacto con Lula años antes. Y la base del PT en las calles estaba debilitada, después de años de tolerancia con un Gobierno que, en nombre de la gobernabilidad, no fue más allá de la implementación de políticas progresistas. Para agradar al grupo ruralista en la Cámara Baja dejó de demarcar tierras indígenas y de hacer la reforma agraria. Para complacer a los aliados evangélicos, no defendió la ampliación del aborto. Era el caldo de cultivo perfecto para que el Parlamento, que nunca había tolerado la falta de tacto político de la presidenta, se rebelase.

Este miércoles, al dejar el Palacio del Planalto junto a la presidenta más impopular de la historia democrática del país, el PT cerrará un ciclo de 13 años en el poder. El partido sale involucrado en un nuevo escándalo de corrupción, todavía en plena investigación. Tendrá que reconstruirse si quiere volver a ganarse la confianza de la parte de la izquierda que se ha sentido traicionada. Su principal estrella, Lula, tendrá que convivir con el fantasma de la cárcel, despertado por el caso Petrobras, sin gran parte del capital político que tuvo otrora. Y la población tendrá como legado un país que, a lo largo de los últimos años, se ha convertido en socialmente más justo, pero que aún nutre la esperanza de ser una nación mejor y más ética.

Sudamérica mira hacia Brasil con incertidumbre

El proceso de destitución de Dilma Rousseff ha propiciado una cascada de reacciones de los líderes regionales.

La convulsión política en Brasil no le es ajena al sur del continente americano. Pese a que los líderes de la región siempre han tenido más simpatías por Lula que por Dilma Rousseff, en buena medida por tener aquel una visión más integracionista, la forma en que se ha tratado el proceso de destitución de su sucesora ha propiciado una cascada de reacciones: el apoyo incondicional del eje bolivariano, que siempre vio en el gigante brasileño un fiel aliado, económico, pero sobre todo político a la revolución bolivariana; la inquietud sobrevuela estos días Argentina, el gran socio y cliente de Brasil; otros países, como Colombia, no han querido pronunciarse en público aunque de puertas para dentro nadie niega la preocupación por las consecuencias de la jornada de hoy.

“Si Brasil estornuda, Argentina tiene una neumonía, estamos unidos para siempre”, suele repetir la canciller argentina, Susana Malcorra. El presidente, Mauricio Macri, ve cómo la industria argentina, en especial la del automóvil -hoy visita una gran fábrica de General Motors en Rosario- sufre por Brasil. Argentina y Macri necesitan que Brasil resuelva cuanto antes su crisis o la recuperación será mucho más difícil. El Ejecutivo de Macri está ansioso por encontrar una salida pero se mueve con cautela. Malcorra reconoce  que algunos países -no cita ninguno pero es evidente la posición de Bolivia, por ejemplo- han intentado aplicar la cláusula democrática en Unasur o Mercosur para frenar el impeachment a Rousseff. Pero esa no es la posición argentina, y de hecho su resistencia a llegar tan lejos ha frenado las maniobras del llamado eje bolivariano. “Debemos hacer cosas que ayuden y no que compliquen aún más la situación”, explica Malcorra, que cree que tomar postura de forma tan fuerte agravaría la crisis interna. Macri ha hablado varias veces con Rousseff y le da su apoyo, aunque sin mojarse demasiado ni hablar de “golpe”, como hace Evo Morales.

Macri se encontraría ideológicamente más cómodo con el vicepresidente Temer pero el Gobierno argentino tampoco ve como ideal esa salida porque cree que un gobierno no elegido por las urnas sería débil y prolongaría la dramática crisis brasileña. Argentina, que se ve así entre dos males, ha decidido esperar y ver pero con una creciente inquietud. En público, Macri pide calma y apuesta por respetar los procedimientos constitucionales brasileños. En privado, se admite que si Brasil se hunde se puede llevar a Argentina detrás, o al menos retrasar mucho la recuperación. Todo lo que pasa en Brasil es para los argentinos política interna, y los medios de este país narran cada nuevo detalle a diario, casi como si fuera su propia presidencia la que estuviera en juego.

El eje bolivariano, el más golpeado por los nuevos aires que soplan hacia la derecha en la región, ha tratado de buscar oxígeno en la crisis brasileña. El caso más evidente es el de Venezuela. La enérgica defensa del Gobierno de Brasil es la contraprestación de Caracas a los fuertes lazos que unen a ambos gobiernos desde la presidencia del antecesor de Rousseff, Luiz Inacio Lula da Silva, informa Alfredo Meza desde Caracas. Lula fue un gran apoyo en los momentos más críticos de Hugo Chávez, ideólogo del socialismo del siglo XXI, y en muchas ocasiones abogó por la revolución bolivariana en los foros internacionales.

Desde que comenzaron las protestas contra Rousseff, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sugerido reiteradamente que estaba en marcha un golpe de Estado contra la izquierda latinoamericana. Férreo crítico del juicio su homóloga brasileña, el mandatario, que desde que perdió las elecciones parlamentarias del pasado diciembre trata de socavar el poder de la Asamblea Nacional en su país, ha llegado a decir: “La derecha del continente desconoce la soberanía popular, ¿pretenden desaparecernos?”. En la misma línea, la canciller, Delcy Rodríguez, considera que el juicio a Rousseff pretende “desconocer la voluntad del pueblo brasileño”.

Evo Morales, a quien los bolivianos dieron la espalda el pasado febrero al rechazar la posibilidad de que se vuelva a presentar a unas elecciones –lo que aceptó sin concesiones-, buscó en vano el rechazo de Unasur al juicio a Dilma. El secretario general, Ernesto Samper, sí ha criticado el impeachment –“lo que está ocurriendo es un linchamiento a la presidenta”, ha asegurado-, pero el organismo de integración sudamericano impulsado por Chávez, con el indiscutible apoyo de Lula, no ha se pronunciado en bloque sobre la crisis.

Para que eso ocurra tiene que haber unanimidad de todos sus miembros. Si no la hay, en parte, es por las posiciones neutrales de países como Colombia. El Ejecutivo de Juan Manuel Santos ha preferido mantenerse al margen públicamente, aunque desde la Cancillería no obvian las consecuencias que podría tener la salida de Dilma de la presidencia. Brasil siempre ha apoyado a Colombia en el proceso de paz con las FARC y es uno de los aliados en las conversaciones con la segunda guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Gobierno de Dilma acompañó el inicio de las mismas y es una de las sedes acordadas para cuando arranquen las negociaciones formales.
Si en otras ocasiones, como en la crisis política de Venezuela, se ha mantenido cauta, en esta ocasión la presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha sido tajante en su respaldo a Rousseff. “Creo que es una mujer honesta y responsable, que está haciendo lo mejor posible para Brasil”, aseguró la mandataria, quien no negó su “admiración” por su homóloga.

Los ojos de Sudamérica están puestos este miércoles en Brasil. El antecedente más reciente que se asemeja al proceso de destitución de Rousseff fue el que se vivió con Fernando Lugo en Paraguay hace cuatro años. Del respaldo masivo antes del juicio político se pasó, tras la salida del mandatario, a la tímida protesta. Brasil es otro mundo. Su gigantesco tamaño, los importantes lazos con sus vecinos y el peso político en la región auguran otra reacción.

El 60% de los senadores que juzgan a Rousseff enfrenta causas en la Justicia
Más de la mitad de los diputados brasileños enfrenta o ha enfrentado problemas judiciales

La oposición insiste en que la salida temporal del poder de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que vota este miércoles el Senado y se da por segura, significará una nueva era para Brasil. Los adversarios de Rousseff aseguran que significará un borrón y cuenta nueva respecto a la recesión económica, los escándalos de corrupción y el descontento social. Pero el Congreso que tiene en sus manos el destino de este país no es un ejemplo de casi nada. Casi el 54% de los diputados y el 60% de los senadores brasileños tienen o han tenido cuentas pendientes con la Justicia.

Aunque la presidenta de Brasil vaya a caer oficialmente por maniobras fiscales y presupuestarias, extraoficialmente, los opositores que están a punto de destituirla suelen citar los abundantes escándalos de corrupción de su formación, el Partido de los Trabajadores (PT). El caso Petrobras ha manchado hasta ahora al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, al ex tesorero del PT João Vaccari, y otros exministros como José Dirceu, pero solo han rozado a Rousseff (el fiscal ha pedido investigar la confesión de un delator que la acusa de obstaculizar investigaciones). Eso sí, las sospechas han dejado la reputación del gran partido de izquierdas de Brasil por los suelos, así como la de parte de la oposición (el vicepresidente Michel Temer, próximo presidente interino, fue mencionado por el mismo delator). Políticos, Parlamento y Senado tienen el peor índice ciudadano de confianza en instituciones, según el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística.

La Cámara de Representantes brasileña tiene a 273 de sus 513 diputados implicados en causas judiciales, según datos de la organización Transparência Brasil. Hay cargos por corrupción, pero también por extorsión y tortura o por portar armas de fuego. En el Senado, el 60% de los 81 miembros tiene causas pendientes con la Justicia, sobre todo por delitos electorales y corrupción, según la plataforma Atlas Político.

El líder de la comisión especial del Senado que estudia el impeachment, Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), ha enfrentado acusaciones de cometer el mismo tipo de irregularidad atribuido a la presidenta. De acuerdo con el periódico O Estado de São Paulo, cuando gobernaba el Estado de Minas Gerais, hizo maniobras para cuadrar sus presupuestos sin el apoyo del Legislativo. Anastasia ha respondido, simplemente, que “ningún ciudadano pidió el impeachment” durante su Gobierno.

Entre los aliados del PT, la senadora Gleisi Hoffman, una de las principales líderes de la Cámara Alta y exmiembro del gabinete de Rousseff, fue denunciada a principios de mes en el Supremo junto a su marido, un exministro, por corrupción y desvío de dinero en el caso Petrobras. La Fiscalía la acusa de recibir un millón de reales en sobornos. El mismo delator que ha salpicado a PT y oposición en sus confesiones sobre Petrobras, Delcídio do Amaral, lideraba el grupo del PT en el Senado cuando fue detenido.

Algunos senadores aprovecharon la sesión del domingo para insinuar, de nuevo, que hay motivos graves para que Rousseff deje de ser presidenta. “El diablo está en los detalles, y es exactamente por eso que la presidenta va a caer”, anunció el senador de la oposición Ataídes Oliveira. Los delitos en los que se basa el impeachment [maniobras fiscales y presupuestarias] de Rousseff, reconoció Oliveira, “son insignificantes frente a los demás”. No aclaró cuáles eran “los demás”, pero algunos medios se encargaron de recordarle al senador que él enfrenta acusaciones de recibir sobornos millonarios y realizarse donaciones electorales a sí mismo a través de una constructora.

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