Gobierno aprueba préstamo y da luz verde al pago del Bono Contra el Hambre de Bs 1.000

El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, promulgó hoy la ley 1345 de Aprobación de Contrato de Préstamo, la cual viabiliza el pago del Bono Contra el Hambre de 1.000 bolivianos para personas que no son asalariadas, los que recibieron los bonos Universal y Juana Azurduy, y para personas con discapacidad.

En el acto de promulgación, en la Casa Grande del Pueblo, el Mandatario boliviano dijo que el pago del Bono Contra el Hambre busca reconstruir la demanda interna, para que se convierta en uno de los primeros elementos que reactivará la economía nacional, luego de la crisis por la pandemia de la COVID-19 y de la mala administración del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, al que calificó de “de facto”.

“El Bono Contra el Hambre busca reforzar, busca iniciar la reconstrucción de la demanda interna en el país”, destacó Arce.

El presidente Luis Arce realizó este jueves las primeras promulgaciones de su mandato. Las dos leyes firmadas, 1345 y 1346, aprueban los créditos del Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que suman 704 millones de dólares, y que servirán para pagar el Bono Contra el Hambre.

Las leyes ya habían sido aprobadas por la anterior configuración de la Asamblea Legislativa a la cabeza de Eva Copa, sin embargo, la entonces presidenta Jeanine Añez no las promulgó.

Se trata de dos préstamos de entidades del Banco Mundial, uno por 54 millones de dólares y otro por hasta 200 millones, mientras que el crédito del BID es por un monto de hasta 450 millones de dólares. El objetivo de los empréstitos otorgados por los organismos internacionales es combatir los efectos negativos de la pandemia de la COVID-19.

“El Bono Contra el Hambre busca reforzar, busca iniciar la reconstrucción de la demanda interna en el país. Esta demanda interna es el primer elemento que va a generar ese crecimiento económico que todos los bolivianos estamos esperando”, afirmó el presidente Luis Arce.

El mandatario anunció que el Bono se hará efectivo en diciembre y que en gabinete se aprobará la reglamentación. Otorgó dos semanas al Ministerio de Economía para que pueda organizar el pago.

Enfatizó que el beneficio, de 1.000, se pagará a los bolivianos mayores de 18 años, que no reciben remuneración salarial, los que se beneficiaron del Bono Juana Azurduy, bono para personas con discapacidad y el Bono Universal.

“Esta inyección de recursos que estamos planteando con este Bono Contra el Hambre es la primera medida de la reactivación y de la reconstrucción de la economía boliviana”, agregó.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, manifestó que el gobierno transitorio obstaculizó la publicación de estas leyes e inviabilizó el pago del bono, pero ahora con la victoria en las urnas del MAS se implementará el beneficio.

“Nos van a permitir financiar esta medida de Bono Contra el Hambre, que va a tener un alcance importante, va a alcanzar a más de cuatro millones de bolivianas y bolivianos”, dijo Montenegro.

Opinión


Morales centra su agenda en Cochabamba y fija fecha de reunión del MAS con Arce y Choquehuanca

Por Carlos Corz

Tras su retorno a Bolivia, el expresidente Evo Morales centró sus actividades en Cochabamba y fijó para el sábado 21 una reunión de evaluación de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), junto al presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. En la cita, incluso, ya se empezará a perfilar el trabajo rumbo a las subnacionales de marzo.

Llegó el miércoles al Chapare y desde entonces cumple una serie de reuniones con dirigentes de su partido y de sectores sociales. La mañana de este jueves sostuvo una reunión con la cúpula de su partido, a la cabeza del vicepresidente del MAS, Gerardo García, para coordinar dos reuniones que se desarrollarán el 20 y 21 próximo en la ciudad de Cochabamba.

Representantes de la dirección nacional y departamental del MAS, además de diferentes sectores sociales, participarán el sábado 21 de la cita en la que estarán Morales, Arce y Choquehuanca “para hacer conjuntamente una evaluación, el tema incluso que va a ser la subnacionales”, explicó García a Radio Kausachun Coca.

Mientras que el viernes 20, la reunión será solo de la dirección nacional con las direcciones departamentales. Esa es una de las primeras definiciones que tomó Morales junto a los dirigentes políticos a poco de regresar a su bastión político, tras permanecer por cerca de un año exiliado en México y posteriormente en Argentina.

Volvió el lunes e hizo un viaje por tierra visitando diferentes municipios hasta llegar al Chapare, donde el miércoles fue recibido por una multitud de personas. En noviembre de 2019 fue forzado a dimitir en medio de denuncias de fraude electoral, un motín policial, un paro cívico y la “sugerencia” de los militares de dimitir.

El exvicepresidente Álvaro García lo acompañó en su periplo, pero no apareció este jueves en las distintas reuniones que sostuvo, entre ellas con el Pacto de Unidad de Oruro y con representantes indígenas de Ecuador, Argentina, Perú y Bolivia, con quienes se acordó un encuentro de los pueblos de Aya Yala en diciembre en Cochabamba.

No se conoce por el momento dónde fijará la sede de sus funciones, pero de inicio toda su agenda está centrada en Cochabamba.

La Razón


Una misión de la ONU insta al Estado a investigar las muertes de noviembre de 2019

Por Rubén Atahuichi

La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al Estado a investigar las muertes durante la represión militar-policial de noviembre de 2019, luego de las elecciones, las protestas políticas y la renuncia de Evo Morales.

Miembros del organismo participaron el miércoles de un acto religioso en memoria de Beltrán Condori, Percy Conde y Juan Martín Pérez, asesinados el 11 de noviembre de 2019 en la zona Sur de La Paz.

“La Misión insta al Estado a investigar los hechos, reconstruir la verdad, garantizar la memoria y dignificar a las víctimas”, dijo el organismo a través de su cuenta en Twitter.

De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, en los conflictos poselectorales de 2019 murieron 37 personas en Betanzos (Potosí), Norte Integrado (Santa Cruz), zona Sur de La Paz, Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto). De ese total, 27 fallecieron por impacto de bala.

Con el fin de atenuar la crisis social luego de la renuncia de Morales, la entonces presidenta transitoria Jeanine Áñez promulgó el 14 de noviembre el Decreto Supremo 4078, que permitió a las fuerzas de seguridad actuar bajo inmunidad penal.

Al día siguiente, una movilización de colonos y cocaleros se aprestaba a ingresas a la ciudad de Cochabamba. La marcha fue reprimida por fuerzas combinadas y al final de la trifulca resultaron nueve fallecidos, todos por impacto de bala. Un herido murió meses más tarde, con lo que el número fatal llegó a 10.

Cuatro días después, otra movilización cercó la planta de Senkata en En Alto, La Paz, e impidió la provisión de combustibles. Otra represión militar-policial terminó con nueve fallecidos; un herido murió después.

Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que en ambas protestas los movilizados se dispararon entre sí, y su colega de Defensa, Luis Fernando López, afirmó que en ambos casos las Fuerzas Armadas no dispararon un solo cartucho.

Al final de su mandato, la anterior Asamblea Legislativa aprobó un informe sobre la represión de noviembre de 2019 y sugirió juicio de responsabilidades contra Áñez por delitos de genocidio y asesinato, especialmente, y juicios ordinarios contra 11 ministros que firmaron el decreto.

Una comisión legislativa estableció, con informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que las muertes de la crisis fueron ocasionadas por armas de reglamento, sean de la Boliviana o las Fuerzas Armadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que el resultado de la represión de los conflictos fueron masacres.

La misma oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que rige la expresidenta chilena Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la grave violación de derechos humanos en esos conflictos. Otras organizaciones de derechos humanos, como la Human Rights Watch, también se sumaron a las denuncias.

La Razón

Expertos de la CIDH llegan el 23 de noviembre para investigar los hechos de Sacaba y Senkata

Las autoridades de Gobierno anunciaron que el 23 de noviembre llegarán a Bolivia cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para iniciar una investigación sobre las muertes de Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre de 2019, anunció el ministro de Justicia, Iván Lima, y el senador por el MAS Leonardo Loza, durante los actos que se llevaron adelante en Sacaba.

El propósito del Gobierno es abrir “todos los expedientes” de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público a la investigación que llevará adelante la CIDH, lo que permitirá, identificar “a los autores intelectuales y materiales” de lo sucedido.

“Para que ningún político asesino diga que es una persecución política va a ser importante, pieza clave, que la justicia internacional y nacional intervenga en esta situación”, dijo Loza, durante los actos de conmemoración por los 12 caídos en Huayllani.

ACCIONES Por su parte, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, la delegación de expertos entregará a la Fiscalía General del Estado (FGE) un informe técnico para que, sobre esa base, inicie las acciones legales contra los responsables.

Loza puntualizó que las muertes ocurridas durante los enfrentamientos de noviembre, en 2019, en diferentes municipios de Bolivia “no deben quedar impunes”.

“El año pasado como esta fecha nos han matado, nos han hecho llorar, nos han hecho sufrir (…) Tiene que hacerse justicia para quienes asesinaron a mis hermanos, quienes asesinaron en Sacaba y Senkata tienen que pagar como corresponde”, aseguró el Senador por la Llajta.

Debido a los varios fallecidos por los conflictos tras los comicios generales de octubre de 2019, la anterior Asamblea Legislativa sugirió la instalación de un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus ministros de Estado, además de otras autoridades.

En su informe, una comisión legislativa explicó que, luego de una evaluación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se estableció que las muertes “fueron causadas por armas de reglamento” de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Opinión


Familiares de los fallecidos en Huayllani claman “justicia y cárcel para culpables”

Con fotografías en las manos y wiphalas con crespón negro, los familiares y amigos de los 12 fallecidos en Huayllani, el 15 de noviembre de 2019, llegaron hasta el lugar donde se encuentran los nichos recordando un año de los enfrentamientos con policías y militares luego de las elecciones generales de octubre del año pasado.

Con impotencia y lágrimas, claman justicia y exigen “cárcel para los culpables”. Los dolientes se reunieron en memoria de los fallecidos rememorando que dejaron en la orfandad a hijos y viudas que siguen llorando esa partida inesperada.

Huyllani se convierte en el epicentro de miles de personas que junto a la Defensoría del Pueblo, autoridades nacionales y departamentales recuerdan que perdieron a sus hijos, padres y hermanos.

Asimismo, también le rindieron un homenaje a los caídos en Senkata, en el municipio de El Alto, La Paz, por los enfrentamientos con las fuerzas del orden tras los comicios nacionales.

Opinión


Defensoría apuntó a las FFAA y Policía por obstaculizar investigación sobre muertes en Sacaba

A un año de la “masacre” de Sacaba, departamento de Cochabamba, donde un enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas del orden (Policía y Fuerzas Armadas) que dejó 12 fallecidos civiles, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció que estas muertes permanecen en la impunidad y que las investigaciones son obstruidas por estas instituciones que se resisten a brindar información sobre el operativo conjunto realizado en el lugar.

Cruz, quien participó esta jornada en el acto conmemorativo a un año de la ‘masacre’ de Sacaba, manifestó que la investigación aún se encuentra en etapa preliminar porque la Policía como las Fuerzas Armadas (FFAA) ponen obstáculos para brindar información sobre los operativos, a pesar que la misma se amplió contra el general del Ejército, Alfredo Cuellar, y contra el coronel Jaime Zurita, quien en ese entonces era Comandante Departamental de la Policía en Cochabamba.

“Fue un año de impunidad, un año en el que el Gobierno transitorio después de dar las órdenes para que las FFAA y la Policía intervengan y masacren a los compañeros, para que los vayan a cazar como en su momento lo dijo el excomandante departamental de la Policía, se encargaron de socapar y de ocultar información y de declararla como reservada”. manifestó.

Observó que durante todo este tiempo la Fiscalía y la Policía no realizaron las gestiones correspondientes para obtener dicha información, a pesar de ser las encargadas de dirigir la investigación y recordó que la Defensoría solicitó a las fuerzas del orden los planes de operaciones y el listado de los efectivos policiales y militares que intervinieron de manera conjunta, sin embargo, esa información fue declarada en reserva y confidencial, bajo el argumento de que la seguridad del estado peligraba si daban a conocerla.

“Hay muchas pruebas que no las han recogido en su momento porque no ha habido voluntad política, voluntad funcional en el Ministerio Público (…) han mantenido en la impunidad (esos hechos), han ocultado la información, ellos mismos se han encubierto”, remarcó.

Asimismo, exigió al Ministerio Público y el órgano Judicial dar celeridad a las investigaciones para establecer responsabilidades y sanciones para dar justicia a las víctimas y familiares.

Éxito Noticias


En Huayllani, la ONU pide una pronta e imparcial investigación de las muertes de 2019

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió una pronta e imparcial investigación de las muertes ocurridas en la crisis poselectoral de 2019 en el país. Su misión en Bolivia asistió este domingo al homenaje a las 12 personas fallecidas en Huayllani, Cochabamba.

A través de un hilo de cuatro tuits, el organismo afirmó que “las muertes de Sacaba, así como todas aquellas que se presentaron en el contexto de la crisis postelectoral de 2019, deben ser pronta, imparcial y plenamente esclarecidas conforme a derecho”.

Según justificó la OACNUDH, el objetivo de las investigaciones es “garantizar que la justicia llegue y se dignifique a las víctimas”.

Expresó su compromiso de acompañar a las víctimas de Sacaba y a las autoridades a través de asistencia y cooperación técnica en lo que corresponda: “garantizar investigaciones independientes, reparar a las víctimas y aplicar el Protocolo de Minnesota”.

Además, propuso fortalecer las capacidades forenses, ajustar el uso de la fuerza a estándares internacionales y establecer mecanismos de rendición de cuentas sobre las fuerzas de seguridad.

En un informe preliminar, la CIDH calificó de “masacres” a las represiones de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), que derivaron en la muerte de al menos 26 personas y un centenar de heridos, en medio de la convulsión social que sucedió a la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Áñez.

Por estos sucesos, la anterior Asamblea Legislativa sugirió la instalación de un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus ministros de Estado, además de otras autoridades. En su informe, una comisión legislativa explicó que, bajo evaluación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se estableció que las muertes en ambas movilizaciones fueron causadas por armas de reglamento de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas

Entonces, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas actuaron al amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de noviembre de 2019, un día antes de represión en el puente de Huayllani, Sacaba.

El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas del orden y, al contrario, dijo que los propios manifestantes se dispararon entre sí. Entretanto, el que fuera ministro de Defensa, Luis Fernando López, afirmó que tanto en Sacaba y Senkata (El Alto), donde el 19 de noviembre hubo otra masacre con otra decena de muertos, las Fuerzas Armadas no disparon un solo proyectil.

En una primera investigación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que los sucesos de Sacaba y Senkata fueron masacres.

La Razón


Tras retornar a su vivienda, Evo dice que le robaron los títulos de sus propiedades

Luego de retornar a su casa, en el barrio de Villa Victoria de Cochabamba, el expresidente Evo Morales denunció en sus redes sociales que descubrió que le faltaban títulos de propiedad de algunos inmuebles y pidió que los mismos sean devueltos.

En su cuenta de twitter, explicó que anoche descubrió el robo. “Anoche, de retorno en mi casita de Cochabamba, que golpistas no incendiaron por intervención de mis vecinos, descubrí que me robaron los títulos de propiedad de mi casa, de mi terrenito en el Trópico y de un vehículo 1978, pido que me los devuelvan. No soy vengativo ni rencoroso”, indicó.

Ayer, el expresidente Morales retornó a su vivienda en el barrio Villa Victoria. Él fue esperado por los vecinos de la zona, quienes lo recibieron con guirnaldas, wiphalas y banderas del Movimiento Al Socialismo.

El 10 de noviembre de 2019, la vivienda de Morales fue saqueada y destrozada por manifestantes, horas después de que éste renunciara a la Presidencia del Estado por los conflictos postelectorales.

El pasado 9 de noviembre, un día después de la investidura de Luis Arce, el expresidente retornó al país desde su asilo en Argentina.

Página Siete


Ocho viceministros juran en Justicia, Comunicación y Defensa

Por Pamela Pomacahua

Iván Lima y María Nela Prada, ministros de Justicia y Presidencia, posesionaron públicamente ayer a sus viceministros. Entre las autoridades están el exconcejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva y la exdirectora de noticias de Abya Yala Gabriela Alcón.

El ministro de Defensa Edmundo Novillo posesionó a Juan Carlos Calvimontes como viceministro de Defensa Civil, en un acto privado.

“Está garantizado por la Constitución Política del Estado (CPE), eso no se va a atropellar desde ningún punto de vista”, fue la respuesta de la viceministra Alcón al ser consultada sobre la libertad de expresión.

Alcón nació en Cochabamba, es licenciada en comunicación social. Tiene una maestría en educación superior y doctorado en tecnologías de información. Fue directora nacional de la red televisiva Abya Yala hasta febrero de este año.

Asimismo, Prada nombró a Juan Villca como viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales. Él fue dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), por tanto parte del Pacto de Unidad.

“Les pido viceministra y viceministro ejercer sus funciones siguiendo los lineamientos que nos ha dado nuestros hermanos presidente Luis Arce y vicepresidente David Choquehuanca”, indicó la Ministra de la Presidencia en el acto de posesión.

El ministro de Justicia Iván Lima posesionó a cinco viceministros. Tres abogados, una socióloga y un agrónomo. Entre ellos está el exdiputado y exconcejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva, que fue nombrado como viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor.

César Adalid Siles Bazán, viceministro de Justicia y Derechos fundamentales, fue director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería y de la Cámara de Senadores. Julia Susana Ríos es la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, fue viceministra de Política Tributaria.

Miriam Huacani Zapana es socióloga y fue designada como viceministra de Igualdad de Oportunidades. El Ministro de Justicia le pidió trabajar por la niñez, mujeres y adultos mayores, y generar políticas para mitigar los actos violentos contra la mujer y los feminicidios .Pelagio Condori Yana fue nombrado como viceministro de Descolonización.

El ministro de Defensa posesionó a Juan Carlos Calvimontes como viceministro de Defensa Civil. La nueva autoridad fue ministro de Salud en la era de Evo Morales y es recordado por violar el derecho de privacidad del exmagistrado Gualberto Cusi, reveló públicamente la enfermedad que padece.

Página Siete