Los pueblos indígenas de Brasil están a la espera de un fallo judicial que podría quitarles por completo sus tierras y que abriría las puertas a su destrucción y la de la Amazonía.

Para Jair Bolsonaro, y para la bancada ruralista que lo apoya, los indígenas del Amazonas siempre han sido un estorbo y, ahora que está en el poder, el presidente de Brasil aplica su agenda para intentar liquidarlos y abrir paso libre a la extracción y a los intereses de la agroindustria.

Pero la identidad de los indígenas se basa fuertemente en la resistencia, porque de ella depende su supervivencia. Así, el pasado miércoles 25 de agosto, miles de indígenas marcharon hacia el Supremo Tribunal Federal de Brasil para levantar sus voces en contra de un fallo que pretende revertir las demarcaciones de tierras en los casos en los que los pueblos indígenas no estaban físicamente en sus territorios el 5 de octubre de 1988, día en que se firmó la actual Constitución Federal de Brasil y en que los pueblos indígenas pasaron a ser, por primera vez, sujetos de derechos.

El fallo representa una gran amenaza para los indígenas, ya que demostrar la tenencia de la tierra supone un proceso administrativo que no necesariamente existía en la época.

Pero el fallo también abriría la Amazonía brasileña a grandes proyectos de agroindustria y de explotación de recursos sin límite. La sesión se suspendió al día siguiente, 26 de agosto.

Una semana después, el miércoles 1 de septiembre, se oyeron en la Supremo Tribunal de Brasil los alegatos a favor y en contra de este reclamo sobre las tierras indígenas que, para las comunidades indígenas, son esenciales para su supervivencia pero que, según el presidente Bolsonaro, hacen parte de la seguridad jurídica de los agricultores de la zona.

El nombre de este proyecto legislativo es tesis del marco temporal para la demarcación de tierras indígenas. El caso del reclamo de tierras se desató cuando el gobierno actual interpretó limitadamente los derechos indígenas para poder desalojar a la comunidad Xokleng de una reserva natural en sus tierras ancestrales.

APIB, la mayor organización indígena de Brasil, le dijo a France 24 que la tesis del marco temporal es una tesis ruralista que restringe los derechos indígenas. Es, además, una tesis que defienden las empresas y sectores económicos interesados en apropiarse de las tierras indígenas.

A la figura de la tesis del marco temporal se le opone, además, la teoría del indigenato, que se consagró en la Constitución de 1988; según la cual el derecho indígena a la tierra es original, es decir, es anterior a la formación del Estado brasileño, independientemente de una fecha concreta de la posesión de la tierra e incluso del procedimiento administrativo de demarcación temporal.

En un reciente artículo para democraciaAbierta, Vanessa Andreoni explicó muy bien cómo, debido a que una amplia zona de áreas ecológicamente protegidas en Brasil está en manos de los pueblos indígenas, lo que el gobierno busca es quitar los títulos de las tierras indígenas y cancelar los derechos indígenas para abrir estas áreas a las empresas depredadoras. Andreoni afirma, además, que esto «matará a los pueblos indígenas, ya que las empresas y los acaparadores de tierras sabrán que pueden salirse con la suya en sus robos y asesinatos. Los que quieren hacer daño a los pueblos indígenas están armados, preparados y al acecho».

Lo cierto, es que el marco temporal puede considerarse como un ataque legal y judicial en toda regla contra los pueblos indígenas en Brasil con un fin claro: acabar con la Amazonia.

La situación es tal, que el Asesor Especial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Alice Wairimu Nderitu, ha expresado su preocupación por el desarrollo del marco temporal en Brasil.

Otro tema importante es que, aunque los pueblos indígenas representan solo el 4% de la población mundial, protegen un 80% de la biodiversidad del planeta, especialmente de la Amazonía que actúa como los pulmones de la tierra debido a sus funciones de filtrado de carbono y de regulación de las corrientes de agua. A esto se suma que, según un informe de un monitoreo de cinco años hecho por Botanic Gardens International sobre el estado de los árboles en el mundo, los árboles de la Amazonia son la espina dorsal de los ecosistemas naturales y el sumidero de carbono más grande del mundo.

Por ahora, los pueblos indígenas, las empresas, y el mismo Bolsonaro, siguen a la espera de la decisión de la Corte, que definirá el rumbo de la Amazonia brasileña que, de sufrir una mayor deforesta y explotación, llegará un punto de inflexión sin retorno. Así mismo, los pueblos indígenas quedarían despojados y a la deriva, víctimas de lo que ellos mismos han llamado una “masacre civilizada”. Pero lo que pase estos días en Brasil afecta directamente no solo al futuro de los indígenas, sino al del planeta entero.

El destino de los últimos Piripkuras está en manos de una agencia federal cooptada por el bolsonarismo

La ordenanza de protección territorial de la tierra indígena Piripkura expira el 18 de septiembre

No había amanecido aún cuando Rita Piripkura y sus familiares notaron que había extraños en las cercanías de su tierra, en la Amazonía del estado de Mato Grosso, en Brasil. Al principio, su padre creyó que eran monos, pero su abuela ya había comprendido lo que estaba pasando. Hombres blancos estaban en la selva y pronto empezaron su ataque. Rita recuerda estar envuelta en la oscuridad, aturdida por los mosquitos y el fuerte viento que levantaba las aguas del río, que ella y los suyos cruzaron en una canoa de madera de jatobá para huir.

Fue una masacre, que tuvo lugar probablemente en la década de 1970. En ella, Rita perdió a nueve familiares, un hecho que describe en un video publicado recientemente por Survival International. Desde entonces, solo hay registro de dos otros Piripkura, Baita, el hermano de Rita, y Tamandua, un sobrino de ellos, aunque existe la posibilidad de que haya otros en la selva, como explica Sarah Shenker, investigadora de Survival.

Rita es la única Piripkura que mantiene contacto con personas no indígenas, un contacto que se estableció a principios de la década de 1980, cuando fue llevada a una hacienda de las cercanías para realizar trabajo análogo al de la esclavitud, dijo Fabrício Amorim, del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y de Reciente Contacto (Opi).

Cuando tuvieron conocimiento del caso, en 1984, las autoridades buscaron a Rita, que tenía entre 18 y 23 años y llevaba al menos un año y medio en la finca, según un reporte realizado por el experto indígena João Carlos de S. Lobato a petición de la Fu

La carrera contrarreloj de Rita y sus familiares se remonta al ciclo del caucho, que comenzó a fines de la década de 1870 y finalizó a mediados de los 1940.Gran parte de los “soldados del caucho” se asentaron en las riberas de los ríos Branco y Roosevelt, donde eran frecuentes los enfrentamientos con los indígenas “quienes, tratando de proteger sus tierras de la creciente invasión de frentes extractivos, les impidieron abrir caminos de explotación de caucho y asentar instalar oficinas en las cercanías de las plantaciones de caucho”, según el reporte de seguimiento de Lobato de 1985. En represalia, los caucheros se organizaron para promover “corridas” contra los indígenas, “atropellando innumerables aldeas y causando grandes muertes entre estos pueblos”.

El árbol del caucho ya no ofrece las mismas oportunidades económicas que en la primera mitad del siglo XX. Hoy en día, hay otros recursos naturales que generan ganancias para unos pocos, pero la historia es la misma. La masacre a la que sobrevivió Rita y la amenaza que se cierne sobre Baita y Tamandua son el resultado de enfrentamientos con invasores de sus tierras en busca de madera y otros recursos. A pesar de las dificultades que enfrentaba su pueblo, los Piripkura resistieron con la ayuda de aliados en el gobierno, ayuda que viene disminuyendo sistemáticamente bajo Jair Bolsonaro.

Sentada en la orilla del río que cruzó hace tantos años de la Tierra Indígena (TI) Piripkura, Rita describe su temor a que sus últimos parientes sean asesinados. “Hay mucha gente [invasores] andando por aquí. Les van a matar a los dos. Si les matan, no quedará nadie”, dice.

Según la campaña “Aislados o diezmados”, entre las tierras que albergan a pueblos en aislamiento voluntario, la TI Piripkura fue la que sufrió mayor devastación en 2020, cuando disminuyeron las inspecciones debido a la pandemia de Covid-19. La protección actual, que impide la explotación de la tierra, expira este septiembre. Si la Fundación Nacional Indígena (Funai) de Brasil no renueva la orden o la restringe a un área menor, el destino de los Piripkuras podría estar determinado.

La protección de la tierra Piripkura está a punto de expirar

La demarcación de esta tierra aún no se ha completado, según explicó Elias Bígio, ex coordinador general de Indígenas Aislados y de Reciente Contacto de la Funai. Pero en 2007, la agencia aprobó una ordenanza de protección territorial, un instrumento legal que previene temporalmente la explotación de recursos naturales en la tierra o la expansión de propiedades establecidas antes de que se implementara la ordenanza. La ordenanza se ha renovado cada dos o tres años desde entonces, como se muestra en el sitio web del Instituto Socioambiental (ISA). Pero esa protección expira el 18 de septiembre de este año, es decir, en poco más de dos semanas.

La Funai, que se ha visto debilitada y viene sufriendo severos reveses desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia en enero de 2019, tiene hasta el 17 de septiembre para decidir si renueva o no la ordenanza que restringe el uso de la tierra indígena. La Funai informó a democraciaAbierta que aún está realizando estudios para tomar la decisión. “La Fundación Nacional Indígena (Funai) aclara que, a través de la Coordinación General de Pueblos Indígenas Aislados, ha realizado esfuerzos para realizar estudios orientados a apoyar la toma de decisiones sobre la ampliación de la Ordenanza para la Interdicción de la Tierra Indígena Piripkura”, dijo por correo electrónico el 17 de agosto.

Según Shenker, de Survival International, la cooptación de la Funai por las fuerzas bolsonaristas representa una amenaza a los derechos indígenas, como ya ha quedado claro en más de una ocasión. En junio de 2020, el actual presidente de la Funai, Marcelo Xavier, afirmó que las restricciones actuales sobre tierras con presencia de pueblos aislados son exageradas. “Tenemos muchos informes inconsistentes, áreas donde había un registro de posible avistamiento de indios que están justo en el borde de las aldeas. Y sucede que las zonas permanecen aisladas durante diez años sin que nadie amplíe la búsqueda, sin que haya ningún otro indicio [de presencia de indígenas aislados]”, dijo Xavier.

Además, la agencia informó recientemente sobre una disminución considerable en las tasas de deforestación en la Amazonía, información que contradice a las principales agencias que monitorean el fenómeno. En agosto de 2021, la Funai reportó una disminución del 23,3% en la deforestación en la Amazonía Legal -así se denomina en Brasil al conjunto de estados federales que componen la cuenca amazónica brasileña- entre 2019 y 2020. Sin embargo, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), unidad vinculada al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), registró un aumento del 34% en la deforestación entre agosto de 2019 y julio de 2020. El Instituto para el Hombre y el Medio Ambiente (Imazon) señaló un aumento del 30% en la deforestación en comparación con el año anterior.

Campaña de presión para la renovación de la ordenanza

Ante la gravedad de la situación y los posicionamientos recientes de la Funai, un colectivo de organizaciones indígenas e indigenistas, encabezado por la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) y por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y de Reciente Contacto (Opi), lanzó la campaña “Aislados o diezmados” para presionar por la renovación de la ordenanza de la TI Piripkura y otras cuatro TI que albergan a pueblos aislados cuyas ordenanzas expiran hasta enero de 2022: Jacareúba y Katawixi, en Amazonas, Piriti, en Roraima, y Ituna-Itatá, en Pará.

En 2020, la TI Piripkura fue la tierra indígena que alberga a los pueblos aislados que sufrió mayor deforestación, con un total de 2.132 hectáreas despejadas, o el equivalente a más de 2.000 canchas de fútbol, ​​según la campaña, citando un informe técnico elaborado por la Operación Amazonia Nativa (OPAN) y por ISA. La situación se agravó este 2021, cuando solo en marzo se arrasó ilegalmente un territorio de 518 hectáreas.

En los últimos años, la tierra ha sufrido un aumento en el número de invasiones de madereros y mineros ilegales, lo que demuestra la urgencia de proteger este territorio, según afirma Bígio. “Todo el movimiento ha estado a favor de que se produzca esta renovación. Si incluso con la ordenanza su situación es así, ¿imagina sin la ordenanza? » pregunta el ex coordinador general de Indígenas Aislados y de Contacto Reciente en la Funai. Fabrício Amorim, de Opi, cree que la amenaza va más allá de la renovación de la ordenanza de restricción de uso. Para él, es probable que la Funai renueve la protección, pero hay grandes posibilidades de que reduzca el tamaño del área protegida.

En 1985, Lobato ya argumentaba que, sin la demarcación y protección de las tierras habitadas por los Piripkuras, los indígenas “estarán condenados a desaparecer”, extinción que ocurriría “por omisión o demora”.

La toma de control de las agencias gubernamentales establecidas para la protección de los indígenas de Brasil por las fuerzas bolsonaristas muestra que la preocupación de Lobato, expuesta en 1985, se lee hoy como una profecía. “De lo que estamos seguros es que, sin duda, [la historia de los Piripkura] es un viaje de amargura y sufrimiento y que, si no nos damos prisa, [el pueblo] ya no podrá contarnos su historia, pues las heridas de la extinción avanzan inexorablemente en su dirección».

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