Cuando la mitad o más de los problemas de mayor complejidad de la agenda política nacional tienen su origen o están relacionados con su policía, el país en cuestión experimenta un problema de seguridad nacional. Y ello, apunta al vértice de los organismos superiores del Estado. Ya no se trata solo de asuntos internos policiales, de corrupción institucional, ineficiencia operativa o desorden y problemas de gestión, cuestiones que podrían enfocarse desde la perspectiva sectorial de la seguridad. No. A estas alturas es un tema de gobernabilidad e incumbe la responsabilidad de los niveles políticos más altos del Estado.

Cuando esto ocurre, no queda otra cosa que intervenir drásticamente a la policía y empezar muy de abajo y paso a paso. No se puede disolver la policía, porque no hay Estados ni democracias modernas sin servicios policiales. Pero sí los hay con policías corruptas, ineficientes, mentirosas e insubordinadas, y eso es lo que se debe evitar para Chile.

Carabineros ha adquirido, en un proceso prolongado y continuo, el carácter de un problema de seguridad nacional. Sus métodos y actuaciones, entre discrecionales y brutales, ya en demasiadas oportunidades lesionan los derechos civiles de las personas en el país. Pero esto es, a estas alturas, solo una manifestación parcial –por cierto muy grave pero no la única– de una crisis más profunda.

De ahí que resulte urgente declarar formalmente a Carabineros en plena reestructuración institucional global, relevar el mando actual y arbitrar los mecanismos y criterios para enfrentar un proceso que será extremadamente complejo, tanto en lo conceptual sobre la policía que el país requiere, como en la arquitectura institucional y profesional interna de ella.

De lo contrario, y tal como vienen sucediendo las cosas, Chile corre el riesgo de quedarse sin una policía confiable para la ejecución del orden y la ley.

Hoy, la policía de Carabineros se agazapa y taima frente a las críticas de los poderes civiles, actúa corporativamente como cuerpo y su mando ampara o justifica las irregularidades. Se malversan los recursos fiscales o se los sustrae en beneficio propio de algunos, y, en el exceso de autonomía relativa con que se autogobierna, todo lo que ocurre son episodios susceptibles de ser explicados, generalmente mediante engaños y rectificaciones que van licuando las responsabilidades mientras el tiempo pasa.

Lo dicho no es una exageración. Si una parte sustantiva del mando institucional, hoy procesado criminalmente y en prisión preventiva, fue capaz de desfalcar los fondos de toda la institución, no existe ninguna razón para pensar que no podrían aceptar sobornos del crimen organizado, o negociar armas, impunidad e información con ellos, o simplemente constituirse en una policía de niveles inaceptables de fraccionamiento y corrupción.

Ello no significa que todo esté perdido. Pero esa es la prospectiva de la institución que se alza ante nuestros ojos, debido a la inmovilidad del mundo político para intervenir de manera cierta en el tema.

Como en todas las cosas, por cierto hay una historia y elementos rescatables. Y seguramente una inmensa masa de uniformados siente de manera verdadera la vocación profesional del policía. Pero hoy Carabineros de Chile está dominado por la inercia profesional, el corporativismo y, sobre todo, la falta de profesionalismo.

Por lo que hay que tomar acciones drásticas y urgentes, al menos en cinco campos, y que ya son muchos, con un horizonte máximo de un año.

Primero, se le debe intervenir externamente, poniéndosele una Comisión Técnica Policial por sobre el mando, formada por un cuadro de civiles, policías, militares, jueces y auditores, capaces de hacer el control superior del servicio, como un Comité Interventor.

Segundo, se deben hacer al menos –de inmediato– tres auditorías generales, una de patrimonio y finanzas, otra de personal, y una tercera de procedimientos policiales, a fin de determinar el estado más exacto posible en que se encuentra la institución, incluidos sus cuerpos especializados. En medio de la discusión presupuestaria, lo más probable es que Carabineros llegue con peticiones que nadie sabe siquiera si existen o se usan. Como los 6 mil efectivos que nunca existieron, pero que fueron informados por años al Gobierno y al Congreso, con el mero objeto de conseguir ilícitamente más recursos del erario nacional.

Tercero, se debe dividir la estructura nacional del cuerpo en cinco macrozonas, cuyas jefaturas se entiendan directamente con la Dirección General, pero bajo supervisión de la Comisión Técnica Policial, atendiendo a las áreas geográficas y sus necesidades.

Cuarto, se debe liberar la mayor cantidad de servicios periféricos no policiales (tránsito, custodia, otros). Ello incluye el inicio del estudio profundo de la currícula profesional, las exigencias psicológicas y físicas, y la creación de una sola escuela de policías, lo que ampliaría su perspectiva profesional.

Y quinto, la dirección de Inteligencia debe ser reestructurada completamente bajo supervisión del Comité de Inteligencia Nacional.

Es imprescindible empezar a debatir estos temas gruesos ya, para evitar que Carabineros se siga deteriorando en manos de un mando inútil, que se ampara en un control político civil sin ninguna preparación y sin voluntad de hacer lo que tiene que hacer.

Imagen de Carabineros al borde del precipicio: encuesta de Chile 21 revela que su desaprobación llega a un peak de 62%

La institución que comanda Mario Rozas mantiene una sostenida pérdida de confianza y legitimidad de la ciudadanía y además un 52% considera que no está mejor preparado para enfrentar la eventual reactivación de la protesta social durante octubre. En ese sentido, el director ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara preguntó, “¿hasta cuándo el Gobierno espera que la situación empeore para hacer algo?”. El tema es que hasta la fecha, la única acción concreta de La Moneda ha sido convocar este viernes a la Comisión Nacional de Reforma de Carabineros, después de un nulo avance desde marzo. En la oportunidad, el Presidente Piñera le endosó la responsabilidad al Congreso de avanzar con las leyes tendientes a reformar la institución.

El nuevo caso de abuso policial del puente Pío Nono, donde un menor de edad fue empujado por un efectivo policial al río Mapocho, ahondó los problemas de legitimidad de Carabineros, cuya imagen sigue deteriorándose. Así lo dejó en evidencia una nueva encuesta del Monitor de Seguridad de la Fundación Chile 21, que reveló que la desaprobación a la institución llegó a un peak de 62%, la cifra más alta desde el inicio de esta medición mensual.La institución que comanda Mario Rozas mantiene una sostenida pérdida de confianza y legitimidad de la ciudadanía, sobre todo en los sectores más jóvenes. Sus indicadores contrastan con la imagen de la policía civil, dado que el desempeño de la PDI es rechazado sólo en un 27%, según este sondeo aplicado entre el viernes 3 de octubre y el lunes 5 de este mes.

El sondeo reveló además que un 38% considera que Carabineros de Chile actúa en forma autónoma del Poder Ejecutivo, es decir, toman sus propias decisiones sin consultar a las autoridades civiles de Gobierno.

Consultado al respecto, Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21, dijo que “el deterioro de Carabineros va en aumento y se encuentran al borde del precipicio. Lamentablemente ya no basta con una reforma para impedirlo. La responsabilidad de esta situación es del Gobierno y es este el que tiene la oportunidad volver a gobernar la seguridad y el futuro de la institución antes que sea demasiado tarde”.

El sondeo se conoce en momentos en que la presión opositora para la salida de Mario Rozas va in crescendo, y a esto se suma la acusación constitucional interpuesta en la Cámara de Diputados contra el ministro del Víctor Pérez, precisamente por su falta de control sobre la institución policial.

En ese sentido, Vergara se preguntó “¿hasta cuándo el Gobierno espera que la situación empeore para hacer algo? Pero lo que se debe clarificar sobre todo es si está o no dispuesto a seguir sacrificando la integridad de las personas e incluso el plebiscito con su inacción”.

Hasta la fecha, las únicas acciones concretas emprendidas por el Gobierno han sido convocar este viernes a la Comisión Nacional de Reforma de Carabineros, instalada en marzo y que hasta la fecha no había tenido ningún avance. “Llegó el momento de tomarnos en serio y ser consecuente con lo que la gente nos está pidiendo”, dijo tras la cita el Presidente Sebastián Piñera, quien aprovechó de pedirle “encarecidamente” al Congreso que acelere la puesta en marcha de las iniciativas tendiente a reformar Carabineros, en un intento de traspasar la responsabilidad al Legislativo.

El emplazamiento de Piñera fue calificado como “francamente insólito” por Vergara, sobre todo considerando que “no hay reforma”. “Vuelve a perder una oportunidad. Todo sigue igual, en el mes más conflictivo que podamos tener”.

Plebiscito y 18-O

El contexto hace urgente avanzar en una reforma, advierte Vergara, al indicar que “octubre está siendo un mes decisivo para la seguridad en Chile y particularmente para el futuro de la relación que el Estado por medio de los policías tiene con la ciudadanía. Casi la totalidad de las personas creen que para el aniversario del estallido social que se aproxima tendremos incidentes, e incluso más de la mitad cree que los tendremos también para el plebiscito”.

En este sentido, un 52% considera que Carabineros no está mejor preparado para enfrentar la eventual reactivación de la protesta social de cara al primer aniversario del estallido social el próximo 18 de octubre, lo que contrasta con lo declarado reiteradamente por el Gobierno y por la misma institución.

En ese contexto, un 90% considera que el aniversario del estallido social se desarrollará con algún grado de incidentes y un 27% asegura que serán de “extrema gravedad”.

En tanto, sobre el plebiscito del 25 de octubre, el 57% asegura que se desarrollará con incidentes. Sin embargo, respecto a la medición pasada esta sensación baja 9 puntos de 66%.

Otros datos

En esta misma línea, gran parte de los consultados percibe que las policías discriminan según clase social (70%), que las policías son ineficaces en el control del narcotráfico (62%), y que Carabineros es ineficaz en la lucha contra el crimen y la protección de la población contra la inseguridad (61%).

Asimismo, la encuesta revela que pese a la implementación del plan cuadrante, 77% de la población opina que la policía uniformada no se coordina nunca o casi nunca con los vecinos de su barrio.

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