El 18 de octubre de 2019 la historia chilena se partía en dos.

Las y los “cabros chicos” saltaban los molinetes del subte y prendían la mecha detonando un imparable volcán de rabia acumulada. Como no eran 30 pesos sino 30 años, crujió todo el edificio neoliberal, modelo y pionero en América Latina, que tan fastuoso siempre habían propagandizado. Fueron cuatro meses de batallas diarias hasta que la pandemia apaciguó la efervescencia, pero el espíritu destituyente se mantuvo y forzó un proceso constituyente que ahí anda intentando desmalezar las raíces del andamiaje institucional heredado de la dictadura. A dos años del estallido social, Chile vive una era transicional con desafíos de largo aliento y una encrucijada en el futuro inmediato: las presidenciales del 21 de noviembre en las que parece asomar el ocaso del duopolio que gobernó las últimas tres décadas.

A un mes de las elecciones, hay unas pocas certidumbres. La primera es que seguramente ningún candidato logre la mitad de los votos y la definición se traslade al ballotage del 19 de diciembre. Quien hoy aparece mejor encaminado para pasar es Gabriel Boric, de la alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, abogado, referente de las luchas estudiantiles de 2011 y diputado desde 2014. Con su perfil moderado, atrae votos del centro pero le cuesta interpelar a ese enorme mundo escéptico de la política institucional que no suele ir a votar (en las regionales de junio asistió menos del 20% del padrón). Con sólo 35 años, Boric podría convertirse en el presidente más joven de la historia latinoamericana.

Hasta hace poco, la nunca muy confiable encuestología daba en segundo lugar a Sebastián Sichel, el candidato del oficialismo, abogado de 43 años y ex ministro de Desarrollo Social de Sebastián Piñera. Pero ahora lo muestran en caída libre, empujado por denuncias varias y por el escándalo del mandatario con los Pandora Papers.

Como contrapartida, se encienden las alarmas por el vertiginoso ascenso del ultraderechista José Antonio Kast, hoy segundo en todos los sondeos. Hijo de un exoficial nazi y exministro de Pinochet, admirador confeso de Trump y Bolsonaro (a quien visitó en 2018), mantiene un discurso liberal y profundamente conservador contra cualquier ampliación de derechos. Hábil comunicador, Kast sigue los manuales del marketing 2.0 y se le anima a los bailecitos en TikTok, aunque sus propuestas políticas son menos simpáticas, como la de construir una enorme zanja en el norte para frenar la inmigración.

Se trata de otro emergente del impulso de la extrema derecha, un fenómeno mundial catalizador de la crisis de legitimidad de los partidos tradiciones. La versión chilena de Javier Milei -a quien felicitó tras las PASO- pero no tan beligerante, con menos pelo y más experiencia; ya se presentó en las presidenciales de 2017 en las que sacó el 7,9%. En aquella campaña aventó sin eufemismos: “Si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí”.

La cuarta candidata con chances es Yasna Provoste, de lo que quedó de la ex Concertación, el otro bloque que gobernó la pos-dictadura. De larga trayectoria en la Democracia Cristiana y exfuncionaria en los gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, su ligazón con la “vieja política” y la moderación hacia el centro de Sichel y Boric tornan muy difícil su despegue.

Piñera Papers

La antesala electoral tendrá otro condimento picante: el juicio político que enfrentará Piñera en el Congreso por sus negociados en guaridas fiscales revelados en los Pandora Papers. Según estas filtraciones, su familia vendió las acciones del proyecto minero Dominga -a través de una cuenta offshore en las Islas Vírgenes Británicas- a un íntimo amigo de Piñera y con la cláusula de que la zona donde se emplazara la minera no fuese decretada como área de protección ambiental, lo que Piñera garantizó siendo presidente.

El obsceno conflicto de intereses, apenas uno más en su derrotero en ambos lados del mostrador, podría decantar en la destitución de Piñera, emblema regional del club de empresarios-millonarios-presidentes. Su eventual caída antes de tiempo significaría también el símbolo del fin de un ciclo histórico.

El próximo presidente deberá gobernar en esta era transicional, marcada por la idea fuerza del “Chile despertó”. Una llama encendida con la revuelta de 2019 que tuvo como primera gran conquista la elaboración de una nueva Constitución y que también se mantiene latente por fuera de la institucionalidad en las organizaciones sociales, colectivos feministas o asambleas territoriales.

Más allá de quien habite el Palacio de la Moneda desde el 2022, seguirá por largo rato esta puja entre un sistema político tambaleante que busca reciclarse concediendo retoques cosméticos, cambiando algo para que nada cambie, y un empuje insurgente que no resignará su deseo de cambiarlo todo.

Por Gerardo Szalkowicz, editor de NODAL

Comisión de DDHH envía sus propuestas a la Convención para la nueva Constitución

“Los derechos humanos como marco referencial obligatorio de la nueva Constitución”, se titula el documento de 60 páginas que la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), envió a los 154 Constituyentes que tienen el mandato popular de redactar el nuevo texto constitucional.

En el documento se señala que en este inédito proceso constituyente en curso, “la Convención Constitucional tiene la oportunidad histórica de poner al día el Estado de Chile en el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en materia de Derechos Humanos”.

El extenso y contundente documento, fue enviado este lunes 18 de Octubre a los Convencionales Constituyentes, día en que se conmemoró el segundo aniversario de la Revuelta Social, y que, según la Comisión, “contó con una masiva participación de la ciudadanía, que volvió a expresar su descontento en las calles de distintas ciudades del país, y la necesidad de superar el actual sistema neoliberal, por ser contrario a los derechos humanos de la gran mayoría de la población”.

“La nueva Constitución debe tener como marco referencial obligatorio a los derechos humanos, consagrados en los diferentes tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Chile”, indica el documento de la CChDH, que incluye una propuesta de nueva norma constitucional que obliga a todos los órganos y poderes del Estado de respetar y aplicar dichos tratados internacionales.

Según expresaron desde la entidad, la Comisión Chilena de Derechos Humanos la libertad de expresión y derecho a la comunicación son temas que no pueden estar ausentes en la nueva Constitución, así como la perspectiva de género, los derechos de los pueblos indígenas, y el respeto y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

El derecho a la Salud se aborda en el texto como derecho social específico, y muy especialmente el derecho a la Salud Mental, con propuestas concretas para su consagración constitucional.

El documento también se refiere a obligaciones incumplidas por parte del Estado post dictatorial en materia de garantías de no repetición, y propone criterios “que permitan sentar las bases de un nuevo tratamiento constitucional de las Fuerzas Armadas y Poder Judicial, con enfoque de derechos humanos”.

El documento enviado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos a los Convencionales Constituyentes concluye con una propuesta de nueva institucionalidad de derechos humanos, que permita una real y debida protección a los ciudadanos frente a las violaciones de sus derechos humanos y abusos por parte del Estado, junto con proponer mecanismos para la participación ciudadana en la toma de decisiones que permita un permanente ejercicio de la soberanía popular.

Diario U de Chile