Centro Cultural de Constitución

Cultura y Constitución en Chile

El próximo 11 de abril los chilenos elegirán en las urnas a 155 convencionales constituyentes. Ellxs tendrán a su cargo la redacción de una nueva constitución que reemplace la impuesta por la dictadura pinochetista en 1980.

Durante un período de 9 meses, que puede extenderse hasta un año, debatirán los contenidos y las palabras con las que los mismos se plasmarán, en un texto habitualmente ordenado por un pensamiento netamente jurídico. Dado que la constituyente tendrá la participación de partidos, movimientos sociales, comunidades indígenas y personas que se presentarán individualmente, serán diversas las propuestas y los reclamos sectoriales que buscarán encontrar un lugar en esta nueva constitución. Entre ellos hay tres que, habitualmente, no son parte de este ordenamiento central de la vida política de los pueblos: cultura, géneros y medios de comunicación.

La cultura tiene una presencia importante y transversal en el constitucionalismo moderno. Es una de las claves para resguardar la diversidad de la identidad, garantizar el derecho a las lenguas y los hablantes, defender el lugar de la producción simbólica frente a las formas creciente de hegemonía global de contenidos, así como proteger las formas de arte, artesanía, el patrimonio material e inmaterial y las prácticas culturales frente a los acuerdos comerciales que liberalizan la circulación y las ponen en riesgo frente a la enorme producción de las industrias culturales de los países centrales.

Con su inclusión en la constitución  también se busca garantizar el acceso igualitario, diverso y en todo el territorio a la producción, circulación y goce de las distintas expresiones de la cultura para todxs lxs ciudadanxs.

La necesidad de aislamiento durante la pandemia hizo evidente el lugar del arte y la cultura como herramienta para sostener esa vida social suspendida. En toda la región, donde es especialmente difícil pagar por servicios de plataformas o acceder a libros digitales y dispositivos para su lectura, muchos creadores liberaron el acceso a sus películas, obras de teatro, libros. Incluso algunos museos se reconvirtieron rápidamente al formato digital para dar acceso a sus colecciones. Lo que fue una masiva respuesta popular a esta oferta –en NODAL las mayores visitas en la sección cultura de toda su historia fue a publicaciones donde compartíamos links a este tipo de propuestas- no tuvo la merecida respuesta del sistema público estatal para sostener a actores culturales y circulación de obra nacional, en ese tiempo sin trabajo ni contacto con los públicos.

Como explica la profesora Faride Zerán en su artículo, “en un país que se debate entre los efectos brutales de la pandemia y la demanda de escribir una nueva Constitución, la pregunta por el lugar que ocupan las artes, las culturas y los patrimonios no es retórica ni casual”.

Tomando sus palabras, la pregunta por el lugar de la cultura en la convención constituyente en Chile tiene una vigencia notable.

La herencia neoliberal en la constitución chilena y su relación con la cultura

En la opinión de la mayoría de los juristas, artistas, gestores, académicos y actores culturales chilenos, la constitución surgida durante la dictadura tiene una única referencia a la cultura y se enfoca básicamente a garantizar la protección de los derechos de autor. O sea, a considerar a la cultura desde la única perspectiva de la obra artística inserta en un mercado comercial.

Para el abogado Jaime Bassa, autor de los libros La constitución que queremos y Chile decide, “la presencia de la cultura es marginal en la Constitución de 1980, pues no tiene un reconocimiento que dé cuenta de la riqueza y complejidad de las culturas en el país y no garantiza ninguna forma de derecho fundamental en torno a la cultura, pues no hay reconocimiento alguno a la dimensión relativa al acceso individual, así como tampoco al papel que cumple la actividad cultural en la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad”.

En un foro organizado en el mes de noviembre de 2020 por la Universidad de Chile, el director de LOM Ediciones y miembro del Observatorio del Libro y la Lectura de la misma, Paulo Slachevsky, sostuvo “en tiempos de neoliberalismo tendemos a confundir los derechos culturales con la lógica del consumo. Me parece que es fundamental entender los derechos culturales en un sentido muy amplio. A nivel de las personas implica participar de la vida cultural y ser creador; a nivel de las comunidades locales; a nivel de los pueblos indígenas, que tienen derechos particulares y hay proteger esas expresiones culturales, que muchas veces son arrasadas por la cultura dominante. Y a nivel de los países, en su derecho a proteger y difundir sus expresiones culturales”.

“Creo que es fundamental que la cultura sea parte de la nueva Constitución, instalando la cultura como un derecho social y no como un bien de consumo”, afirmó a Nodal Claudio Fuentes, dramaturgo y director artístico del Festival Santiago Off.

En diálogo con nuestro medio el músico Nano Stern explicó que desde su visión “hay que hacer una distinción clara respecto a la cultura, entendida como dos cosas distintas. Por un lado, en la cultura entendida en su capa más manifiesta, lo que llamamos normalmente el mundo de la cultura y las artes, se mezcla con el espectáculo, los medios de comunicación masiva, los centros culturales, los teatros, los clubes de música, los festivales, las exposiciones, etc. Y por otro lado la cultura de todos los días, quizás más sublime, que es que es el contexto en el cual puede florecer esa otra capa que entendemos como actividad cultural. En ese sentido, creo yo que una Constitución puede y debe incorporar planteamientos respecto al derecho a la cultura que tienen todos los habitantes de un país, y eso será sin duda importante y se verá reflejado en algún tipo de artículo que así lo determine”.

En ese sentido Fuentes sostiene que la cultura tiene que tener un lugar en la nueva carta magna. “La cultura y la nueva Constitución van absolutamente de la mano. Así como el movimiento social de octubre del 2019 ha venido poniendo temas importantes sobre sobre la mesa, la educación, la salud, ahora debemos instalar a la cultura en un rol protagónico. ¿Cómo debiera instalarse? Creo que con cabildos ciudadanos, consultando e integrando a las distintas organizaciones intersectoriales, debiera considerarse a los pueblos originarios, a las distintas formas culturales que tenemos en Chile. Chile es un país muy diverso de Arica a Magallanes”, explicó a Nodal.

En los debates previos la tensión se ubica en establecer el modelo normativo: o una constitución que sea un marco para el desarrollo de las actividades o un texto amplio y taxativo que implique definiciones concretas sobre las políticas a llevar adelante.

Para Stern  incorporar derechos a la cultura en términos generales “se convertiría en letra muerta. Podemos escribir las cosas más hermosas respecto de la obligación del Estado de proveer derecho y acceso a la cultura para todos sus ciudadanos. Pero eso significa muy poco, creo yo, en la práctica. Me parece a mí que realmente los cambios que tienen que haber a nivel constitucional tienen que ver mucho más con la educación. Ahí está el punto crucial que puede hacer una gran diferencia de un nivel mucho basal, y que va a resultar eventualmente en una cultura mucho más rica, en una cultura que se manifiesta en incontables maneras, partiendo de la propia idiosincrasia de un pueblo que no necesita de grandes manifestaciones puntuales para para ser real, para existir y para ser, creo yo, en el aspecto fundamental de la cultura de un pueblo, su propia e mimética, su propio tejido”. Un tema que el músico chileno asegura que sería importante garantizar es el derecho al uso de los espacios públicos para las expresiones culturales locales y comunitarias, ya que “están completamente secuestrados por la burocracia y que muchas veces están infrautilizado, están ahí esperando que pase algo y echados a perder con el tiempo”.

Fuentes apoya la inclusión de artículos que garanticen los derechos generales, pero también reclama otro tipo de definiciones más taxativas, como eliminar el modelo mercantilista actual que basa la promoción cultural en los fondos concursables. “Tenemos un sin fin de manifestaciones artísticas, culturales, sociales, con las que esta nueva Constitución debiera dialogar, configurando una Carta Magna que garantice por una parte el acceso a la cultura, pero también que logre generar valoración en sus artistas, en sus movimientos, en sus comunidades y desde ahí el diálogo participativo y asociativo”.

Y agrega, tenemos que “generar la redacción de una nueva estructura cultural que nos permita tener un ministerio robusto y que Chile, los artistas en Chile y la cultura chilena salga al mundo enaltecida”. También habría “que sacar el financiamiento cultural de la concursabilidad como sistema. Hay organizaciones de la sociedad civil que tienen la capacidad para desarrollar en sus territorios, con sus comunidades, una dimensión cultural mucho más orgánica y real. La nueva Constitución va a venir a a darnos la oportunidad de poder generar mayor equidad, una nueva forma de repartición presupuestaria que no esté basada solamente lo concurso. Necesitamos desarrollar planes de trabajo, planes de gestión de las organizaciones, mucho más, mucho más elaborados y con más, con mayor proyección en el tiempo”.

En el mismo sentido se manifestaba un año atrás la Red #CulturaBienPúblico, que reclamaba “la urgencia de contar con una política de financiamiento en cultura, que otorgue el 1% del presupuesto nacional (cuando se estima que el aporte de la cultural es de un 2% al PIB), que el mecanismo de subsistencia de los trabajadores de las artes y las instituciones vaya más allá de la concursabilidad”.

Cultura, constitución y pueblos originarios

El derecho fundamental a la identidad cultural de los pueblos indígenas, explica el Dr. Juan Jorge Faundes Peñafiel de Universidad Autónoma de Chile en Temuco, es nominalmente reconocido en el ordenamiento jurídico chileno. Pero su “ejercicio efectivo es inalienable de los restantes derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo: derechos territoriales, a los recursos naturales y a la consulta; el derecho a la libertad religiosa, de conciencia y de expresión (en sentido colectivo cultural); el de participación política y a las propias formas de organización; a la familia, en sentido comunitario y a la vida misma, en sentido amplio, entendida como derecho a la sobrevivencia de estos pueblos y sus comunidades”. Sin embargo “la afectación de sus recursos naturales, hábitat y espacios de significación cultural o la imposición de sanciones penales al margen de su comprensión y contexto cultural, pueden acarrear el menoscabo de valores culturales propios de dichos pueblos y sus miembros”. De modo que los derechos culturales de los pueblos indígenas son parte de sus derechos enlazados que la nueva constitución deberá considerar.

En su artículo Recado confidencial a los chilenos, el poeta Elicura Chihuailaf mapuche y ganador del Premio Nacional de Literatura 2020, relaciona al Estado como un agente unificador y por lo tanto desculturizante. Será necesario, pues, atender no solo a la diversidad, sino también desde la perspectiva cultural a los pueblos que reclaman su derecho a permanecer.

“Hay que tener en cuenta que la política al servicio del poder establecido es también un agente “culturizante”, en el entendido de la imposición de una cultura oficial, es decir, desculturizante. Y, junto a ello, que las llamadas sociedades globales sienten un gran temor a que los pueblos “originarios” proyectemos el futuro sobre la base de autopensarnos culturalmente. Cuando nuestros pueblos levantan las banderas de sus respectivas identidades, los Estados intentan moverlas según sus intereses —a través de sus medios de comunicación y de sus estructuras, educacionales, económicas, comunicacionales, políticas, legislativas: excluyentes—. Surge de ese modo un nuevo dogma: el de la “identidad única” (globalización, la denominan algunos)”…”La fuente de nuestra cultura está viva, me digo y me dicen; por lo tanto los valores que nuestra colectividad considera positivos e indispensables de preservar, en una apropiación activa —en la que queremos proyectarnos— desde una visión de mundo que nos es natural. Apropiación de elementos culturales presentes que dan cuenta de la realidad social y política de las comunidades rurales y urbanas”.

En el mismo sentido, desde una perspectiva cultural no jurídica, se expresó en un mensaje a Nodal Nano Stern. “Es muy, muy, muy, muy importante que se logre avanzar en dirección de la plurinacionalidad. Porque Chile, al igual que todos los países de Latinoamérica, es un conjunto de naciones agrupadas en un territorio, que ahora tiene más de identidad política que de identidad cultural. Por lo tanto, es fundamental otorgar distintas medidas de autodeterminación a las naciones que habitan en este territorio, como medidas que pongan en valor y que protejan aquellos aspectos culturales que están amenazados, entre ellos las distintas lenguas que hablan cada uno de esos pueblos. Necesitamos protección del patrimonio cultural inmaterial. Darle mayor autodeterminación a los pueblos originarios en sus territorios va a conllevar directamente una protección mayor, una puesta en conciencia y una puesta en valor que va a redundar finalmente en manifestaciones culturales que se desprenden de esa protección de nuestro legado cultural inmaterial, que abunda”.

Escribir la constitución

La elección de los convencionales incluirá diferentes actores políticas, sociales e incluso a título personal. Esto implicará la apertura a múltiples voces que llevarán sus propios reclamos sectoriales y sus propios lenguajes, a veces más asociados a sus orígenes, sus identidades y sus intereses que al léxico jurídico que suele cristalizarse en un texto constitucional.

Aun cuando algo marginal en las discusiones más evidentes, esa diversidad es una de las potencias del sector artístico cultural. “Hay varios candidatos y candidatas independientes que vienen del mundo de las artes y que también han jugado un rol fundamental en los movimientos sociales, los movimientos sindicales, el movimiento feminista”, explica Fuentes. “Entre ellos Lucha Pinto, una gran actriz nacional, Andrea Gutierrez, ex presidenta de del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, coordinadora del Movimiento Feminista a través de la Red de Actrices Chilenas. Es una oportunidad de poder instalar la cultura junto a derechos sociales fundamentales, pilares de cualquier sociedad que avance hacia el desarrollo, como la educación, la salud y la vivienda.

“Esperamos que también la ciudadanía opte por votar a favor de estas personas independientes que tienen una visión cultural mucho más desarrollada y elaborada y estudiada que los distintos partidos políticos, que tratan de mantener el mismo estatus hubo entre derecha e izquierda. Son independientes quienes están instalando el tema cultural para la nueva Constitución”, concluyó.

Para el escritor Alejandro Zambra, en un reportaje para el periódico La Tercera, sería interesante que la literatura estuviera presente en el trabajo de redacción del texto constitucional: “Conozco mucha gente ligada a la literatura que haría aportes valiosos a la convención. Ojalá hubiera muchos poetas y profesores en la constituyente. Para escribir una constitución debemos ser capaces de imaginarlo todo minuciosamente. Con humildad y con audacia. Si no incorporáramos los sueños –lo que soñamos dormidos y lo que soñamos despiertos– a nuestra idea de la realidad, estamos fritos”.

Como propone la actriz y escritora Nona Fernández “Una constitución redactada por la gente. Que nadie se quede fuera de esa escritura. Que podamos entrar a ella como se entra a un malón, aportando con lo mejor que tenemos, con el poquito que sirve. Una constitución escrita en la calle, vinculada a la ciudadanía, que recoja las voces de los muros, de las plazas, de las asambleas barriales, de las ollas comunes. Que tome en cuenta los saberes comunitarios, territoriales, ancestrales, étnicos, corporales, emocionales. Que busque sus palabras a lo largo de todo Chile. En las aguas que ya no nos pertenecen, en las costas contaminadas, en los ríos y lagos secos, en la flora y fauna que se extingue, en los hielos que se derriten, en los bosques talados una y otra vez por las empresas forestales que ocupan Wallmapu. Una constitución que suene con acentos diferentes. Nortinos, sureños, isleños, patagónicos, desérticos. Que incluya las voces de la ciudad y del campo, de la cordillera y de la costa, de cada una de las regiones. Que sume las de los pueblos originarios, la de los inmigrantes, la de los niños, jóvenes y viejos. Que se escriba en gestos de señas, en lenguaje braille. Que todas y todos puedan comprenderla. Que se redacte con faltas de ortografía, en coa, con chilenismos y garabatos si es necesario. Una constitución disléxica, tartamuda, que hable por todas las voces. Que exprese incluso la de los muertos. Esa consigna cargada de memoria que exige no volver a repetir los errores del pasado”.

Por Daniel Cholakian