Centrales sindicatos se manifiestan contra los altos intereses delante de la sede del Banco Central en São Paulo. Las tarjetas de crédito cobran tasas superiores a 400 por ciento si hay mora. La insolvencia genera deudas que se multiplican varias veces en pocos meses y se vuelven impagables. Esa misma insolvencia es usada para justificar los altos intereses. Crédito: Roberto Parizotti/ CUT

 La desigualdad se suele medir por la disparidad de ingresos y patrimonio, pero sus factores y dimensiones se multiplican en un país como Brasil. Reducirla es una tarea compleja y al parecer aplazada por la quiebra del poder de la izquierda.

La reforma del sistema de previsión, que el actual gobierno trata de aprobar en Brasil, es una gran muestra de ese fenómeno. Enfrenta fuertes resistencias por retrasar beneficios y por la necesidad de fijar normas uniformes a grupos muy desiguales de la población.

La propuesta de fijar 65 años como la edad mínima común para jubilaciones, por ejemplo, alimenta por lo menos dos obstáculos para la justicia social.

Para las mujeres representaría perder la compensación por la doble jornada que ellas en general cumplen durante su vida laboral. La legislación actual les permite jubilarse con cinco años menos de contribución, o de edad, que los hombres.

Pero su expectativa de vida, de 79,1 años en 2015 según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, superando en 7,2 años a la de los hombres, es un argumento a favor del cambio, ya que seguirían recibiendo los beneficios por más tiempo.

Otro obstáculo es el contraste de longevidad entre las distintas partes del país. En el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, la esperanza de vida es la más elevada, alcanza 78,7 años. Maranhão, en el Nordeste, con 70,3 años, ocupa el extremo más bajo.

La diferencia corresponde al nivel de vida e ingresos que contrapone las regiones pobres, del Norte y Nordeste del país, al más desarrollado centro y sur. Imponerles una misma edad de jubilación constituye un segundo castigo a los ya perdedores en la distribución del ingreso nacional, en este país de 208 millones de personas.

La desigualdad rige incluso dentro de una misma ciudad. En un barrio rico de São Paulo, Alto Pinheiros, el promedio de vida de sus habitantes supera en 25,8 años el de un barrio pobre de la misma metrópoli, Ciudad Tiradentes, reveló el “Mapa de la Desigualdad”, de la no gubernamental Red Nuestra São Paulo.

Las respectivas expectativas de vida son 79,67 y 53,85 años. Es decir, en Ciudad Tiradentes, la mayoría de sus residentes no llegaría a jubilarse con las nuevas reglas propuestas por el gobierno.

Las crisis, como la que vive Brasil tras dos años de fuerte recesión económica, hacen sufrir a la población y, además, desnudan factores de inequidades más allá de las causas económicas reiteradamente discutidas, como los altos intereses, un sistema tributario regresivo, herencias y otros mecanismos que concentran riquezas en pocas manos.

La norma en reforma establece una cotización de entre 25 y 35 años, según el tipo de trabajo, y fija la edad de jubilación de la mujer urbana en 60 años y la del varón urbano en 65 años, mientras en el área rural es de 55 y 60 años y no hay que verificar contribuciones. Además, existen las jubilaciones anticipadas, con reducción en la pensión.

La necesidad de la reforma para sostener la solvencia del Estado brasileño a largo plazo hizo más visible el uso del mismo Estado para privilegiar algunos sectores a lo largo de la historia brasileña.
La gran disparidad previsional, por ejemplo, ocurre entre los funcionarios gubernamentales, que se jubilan con el sueldo integro, y los trabajadores del sector privado, que sufren una alta reducción de sus ingresos.

La mayor remuneración que puede recibir un jubilado privado equivale a una séptima parte de la del colega público de altos sueldos, como jueces, generales y parlamentarios.

El conservador presidente Michel Temer anunció que, con la reforma, se unificará los sistemas previsionales público y privado. Es poco probable que se logre igualar sus remuneraciones, ante la resistencia de los funcionarios públicos, además privilegiados por el empleo vitalicio, que impide despidos por participar en huelgas.

LM Votacao Senado STF Foto Lula Marques 01622022017 850x5161Senadores se congratulan tras aprobar el nombramiento del exministro de Justicia Alexandre de Moraes como nuevo miembro del Supremo Tribunal Federal, en cuyas manos está justamente el juzgar a muchos miembros del Senado acusados de corrupción, por gozar de un fuero especial. Crédito: Lula Marques / AGPT

Los militares, por ejemplo, que responden por una parte desproporcionada del déficit previsional, no serán incluidos en la reforma que actualmente avanza en el legislativo Congreso Nacional.

Los funcionarios públicos “inactivos”, denominados así para justificar el mantenimiento del mismo salario pagado a los activos, y los militares retirados suman menos de un millón, pero generan un déficit similar en el sistema previsional que todo el sector privado, con más de 30 millones de beneficiarios.

La autonomía entre poderes sirvió para que la magistratura y los parlamentarios aprobasen sucesivos aumentos de sus propios sueldos y la contratación de miles de auxiliares, de manera que hoy sus presupuestos están entre los más abultados del mundo.

Sirvió también para la adopción de un privilegio que se hizo intolerable ante los escándalos de corrupción involucrando centenares de políticos. Se trata del llamado “foro privilegiado” que asegura a parlamentarios y miembros del gobierno central ser juzgados exclusivamente por el Supremo Tribunal Federal.

Es lo que está retardando juicios e incluso investigaciones sobre senadores, diputados y ministros señalados como beneficiarios de corrupción por la operación “Lava Jato” (autolavado de vehículos) que investiga desviación de miles de millones de dólares de la compañía petrolera estatal Petrobras, en las dos últimas décadas.

Políticos que perdieron sus mandatos, como el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, están presos, mientras otros denunciados en varios procesos, hace meses o años, siguen en funciones de liderazgo legislativo o ejecutivo.

En gran parte de los casos anteriores, la demora de los procesos en el Supremo Tribunal condujo a la prescripción de los delitos atribuidos a autoridades políticas.

Tanto se considera una forma de buscar la impunidad que al izquierdista expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2007) se le impidió asumir como ministro de la Casa Civil de la Presidencia en marzo de 2016, por un juez del máximo tribunal, y a la entonces mandataria Dilma Rousseff (2007-2016) se la acusó de obstruir a la justicia por ese nombramiento.

En general, a la educación se la apunta como una herramienta para reducir las desigualdades, pero en Brasil opera al revés. Las mejores universidades, públicas y totalmente gratis, son prácticamente un monopolio de los sectores más ricos.

En la enseñanza básica, las mejores escuelas son privadas y cuestan al menos 500 dólares al mes por alumno. Allí se forman, por lo tanto, los hijos de las clases media y rica que dominan las pruebas de acceso a las universidades más disputadas. El Estado subsidia la perpetuación de las mismas élites intelectuales y económicas.

Racismo y discriminación de género son también conocidos como factores de la mayor pobreza entre los afrobrasileños y la menor remuneración para las mujeres en funciones idénticas a las de los hombres.

Eso se extiende al poder político, donde las mujeres ocupan solo 10 por ciento de los puestos del Congreso legislativo y solo algo más en los gobiernos y concejos municipales. En peor situación aún están los negros.

Los desequilibrios se agravan en Brasil incluso por el llamado “combate a las sequías” del Nordeste. El gobierno construye embalses para el abastecimiento hídrico, pero lo hace en general en las grandes haciendas, cuyos propietarios, los “coroneles”, usan el agua para ampliar su poder, sometiendo a los campesinos pobres y exigiendo sus votos.

Política corrupta busca su absolución económica en Brasil

1066394 1 21022017 wdo 3370 629x420El presidente de Brasil, Michel Temer, en la pantalla, durante un encuentro con diputados de la Comisión que analiza la reforma de la previsión social, cuya aprobación el gobierno espera lograr este semestre y que endurece las condiciones de jubilación en el país. Crédito: EBC

 Una recuperación económica, que ya muchos han vislumbrado para este año, podría salvar la actual generación de líderes políticos de Brasil, amenazada con la extinción por la campaña anticorrupción.

Esa apuesta explica la inusual productividad legislativa del Congreso Nacional, desde que asumió el gobierno presidido por Michel Temer, vicepresidente ascendido en mayo de 2016, cuando la presidenta Dilma Rousseff fue alejada del poder por un proceso de inhabilitación, acusada de fraudes fiscales, que acabó con su destitución el 31 de agosto.

Una amplia mayoría parlamentaria aseguró la rápida aprobación de medidas como la amnistiada repatriación de capitales mantenidos ilegalmente en el exterior, junto con nuevas reglas para la producción petrolera e incluso una enmienda constitucional que fija límites para los gastos públicos en los próximos 20 años.

El ajuste fiscal, aún pendiente de la crucial reforma del sistema previsional, que pauta en 65 años la edad mínima de jubilación y amplia el tiempo de cotización para los futuros pensionados, es encarado como restaurador de la confianza de inversionistas y consumidores, considerada decisiva para la reanudación del crecimiento.

Un aumento de 17,4 por ciento en la producción agrícola de este año, estimado por la estatal Compañía Nacional de Abastecimiento, y una fuerte caída de la inflación desde septiembre favorecen el optimismo que tratan de difundir las fuerzas gobernantes, tras la fuerte recesión económica de los dos últimos años.

“No se entabló una clara trayectoria de recuperación, sino de crisis más blanda o menos aguda”, evaluó Rafael Cagnin, economista-jefe del Instituto de Estudios para el Desarrollo Industrial, refiriéndose principalmente a su sector, que sufrió una depresión.

La producción industrial cayó más de 17 por ciento en los tres últimos años, 2,5 veces más que el producto interno bruto brasileño. En diciembre de 2016 registró una expansión de 2,3 por ciento en comparación con el mes anterior, pero se trata de “oscilación” excepcional, según Cagnin.

“En este semestre debe seguir tambaleando, hacia un ligero resultado positivo al final del año, más bien una estabilización que una recuperación”, vaticinó a IPS.

La desindustrialización, que ocurre desde 1990, cuando Brasil abrió su mercado reduciendo aranceles y subsidios a las exportaciones de manufacturados, es el gran drama económico del país, según Luiz Bresser-Pereira, exministro de Hacienda y profesor emérito de la Fundación Getulio Vargas en São Paulo.

La llamada “enfermedad holandesa”, que destruye la industria nacional por el tipo de cambio sobrevaluado, agrava el proceso, advierte a IPS el veterano economista, que estima en 3,80 reales por cada dólar el cambio que necesita la industria brasileña para hacerse competitiva.
En estos días la cotización del dólar estadounidense está en 3,09 reales.

1065718 edit 15.02.2017 04318 001El Ejército ayuda a controlar las calles de Rio de Janeiro, ante amenazas de huelgas de la policía local. El descontento de este sector se extiende por varios estados de Brasil por atrasos en el pago de sus salarios y por la congelación de estos desde hace años. Crédito: EBC

“En los países en desarrollo sus monedas tienden a la sobrevaluación crónica”, observó Bresser-Pereira que identifica en ese hecho el mecanismo con que los países ricos, “de salarios medios más altos, neutralizan la ventaja de la mano de obra barata” de los países no industrializados. Exceptuó el caso de China, donde eso no funcionó.

Junto con las industrias se van los empleos mejor remunerados y más estables, así como muchos avances tecnológicos, destacó.

Bresser y Cagnin son parte del sector de economistas que ponen la industria como el centro del desempeño económico de un país.

El problema cambiario actual es su “volatilidad”, matizó Cagnin. Pese a la cotización del real 23 por ciento por encima de un año atrás, el Banco Central mantiene operaciones que tienden a acentuar la sobrevaluación, favoreciendo el control de la inflación pero en desmedro de la industria nacional.

La industria de transformación genera muchos empleos indirectos en otros sectores. Por eso el desempleo en los servicios aumenta algún tiempo después del industrial y puede demorar más aun la recuperación.

“No se debe subestimar el efecto rebote, los despidos en el comercio y servicios reducen la demanda por bienes industriales”, explicó Cagnin. Inversiones en infraestructura ayudarían a “superar el círculo vicioso”, sugirió.

La caída de la inflación, que permitió al Banco Central reducir su tasa básica de interés, después de mantenerla en 14,25 por ciento, una de las más altas del mundo, por 15 meses hasta octubre de 2016, también favorece el crecimiento, abaratando costos.

El gobierno destaca otros indicadores de recuperación, como incremento de las ventas de vehículos y en los supermercados, y trata de estimular la construcción, ampliando el crédito a la vivienda, y el consumo en general, liberando un fondo de los trabajadores antes disponible solo en casos excepcionales, como despido o casamiento.

La urgencia de recuperar la economía se intensificó ante la probable publicación, en las próximas semanas, de los testimonios de 77 dirigentes y exdirigentes del conglomerado empresarial Odebrecht que decidieron colaborar con la justicia.

Sus revelaciones a la operación “Lava Jato” (lavado de automóviles) del Ministerio Público Federal (fiscalía general), que investiga la corrupción en el sector petrolero, involucran por lo menos 200 políticos, la mayoría parlamentarios, en los sobornos pagados por las empresas de Odebrecht, encabezadas por la mayor constructora brasileña.

La esperanza de gobernantes y parlamentarios, acosados por las denuncias, es que mejoras en la economía aflojarán las presiones populares por el enjuiciamiento de sospechosos de desviar miles de millones de dólares de la estatal Petrobras en este siglo.

Eso estimuló, según analistas, la cohesión con que diputados y senadores aprueban las propuestas gubernamentales, aun cuando se trata de medidas impopulares que afectan sus intereses electorales, como reducción de los gastos públicos y endurecimiento de la previsión social.

La batalla degeneró también en conflictos entre los poderes legislativo y judicial. El Senado y la Cámara de Diputados intentan aprobar leyes que frenen el ímpetu del Ministerio Público y los tribunales, desafiando a una opinión pública francamente favorable a la operación Lava Jato.

Un proyecto de ley que penaliza “abusos de autoridad” de fiscales y jueces dejó de avanzar por las presiones populares y de las autoridades judiciales, aunque no se eliminó. Otro intenta amnistiar el aporte ilegal de recursos para campañas electorales, la llamada “caja dos”, apartándolo de los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Por otro lado, el Ministerio Público busca endurecer el combate a la corrupción. Logró el apoyo de más de dos millones de firmas a una propuesta de diez medidas legales y judiciales, algunas antidemocráticas, según algunos juristas.

Ministros y otros miembros del Poder Ejecutivo, como gobernadores estaduales, y parlamentarios cuentan con tiempo para conspirar, ya que solo pueden ser enjuiciados y juzgados por el Supremo Tribunal Federal (STF). Es el “foro privilegiado” que les asegura la Constitución brasileña y suele llevar años hasta una sentencia final.

Pero la fuerte presión para que el STF apure los procesos sobre los políticos tiende a alterarle el ritmo.

La recuperación económica puede jugar un importante papel en el desenlace de esas batallas, si logra cambiar el clima político.

Mario Osava

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