La madrugada del domingo, Zashy Zuely del Cid Velásquez, una mujer trans de 27 años, estaba en las calles, ofreciendo servicios sexuales en San Miguel, cuando recibió un disparo por la espalda que la dejó gravemente herida.

La joven pidió auxilio y la trasladaron de urgencia al hospital San Juan de Dios en San Miguel, a 138 kilómetros al este de la capital. Los médicos la declararon muerta minutos más tarde. Dijeron que la bala le perforó un pulmón y le provocó una hemorragia interna.

Zashy era maquillista y propietaria de un salón de belleza. También se dedicaba al trabajo sexual, informó Venus Nolasco, presidenta del Colectivo Perla de Oriente. “Ella fue atacada por la espalda, no hay indicios de los hechores. Pidió auxilió y fue llevada al hospital pero murió porque se ahogó con su propia sangre”, dijo a Presentes la activista.

Zashy formaba parte del Colectivo Perla de Oriente. La organización trabaja en la promoción de los derechos de la población LGBTI en el oriente del país. Entre sus programas han diseñado rutas de emergencia para atender denuncias de ataques.

Zashy había recibido amenazas

Según otras fuentes que pidieron no ser identificas por razones de seguridad, Zashy también había recibido amenazas. Se sospecha que provenían de uno de los grupos que integra la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), organización que opera en la zona. Las pandillas en El Salvador tienen una estructura machista intolerante con las poblaciones diversas, causando desplazamiento forzado en los territorios que controlan, extorsión y asesinatos.

“Lo que tengo conocimiento es que está en fase de investigación. Por el momento no hay detenciones”, dijo a Presentes un agente de la delegación de la policía de la zona, sin dar más detalles.

Entre 2016 y 2017 han asesinado a tres mujeres trans en la ciudad de San Miguel, de acuerdo a organismos de defensa de los derechos LGBTI. “Nos han matado a varias compañeras y los crímenes han quedado así, impunes”, denunció Venus.

Los fines de semana aumenta el transodio

El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el observatorio Sin Violencia LGBTI, identificó que los días sábados y domingos es cuando más crímenes se cometen en contra de esta población. Además señaló que el 80 por ciento de los cuerpos de las personas asesinadas fueron encontrados en espacios públicos y domicilios particulares.

En 2020 se reportaron cuatro asesinatos en el país centroamericano. Esto implica una disminución del 51 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior- . Tres de ellas fueron mujeres trans y una persona gay, mientras que en 2019 reportaron nueve crímenes.

Sin Justicia para víctimas de crímenes de odio

En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión. Hasta la fecha ningún caso ha logrado la condena de crimen por odio.

Según la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha unas 600 mujeres trans han sido asesinadas, pero muy pocos casos han sido investigados y judicializados.

Agencia Presentes

El Salvador | Secretario general de la ONU y CIDH rechazan la destitución de jueces de la Corte y hay marchas contra Bukele

ONU pide a El Salvador respetar la Constitución tras destitución de la Sala

Por Gabriela Villarroel

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, urgió al Gobierno de El Salvador respetar la Constitución de la República, después que la Asamblea Legislativa, en control del Ejecutivo, aprobara un decreto para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.

A través de un comunicado de su portavoz, Stéphan Dujarric, Guterres indicó este lunes que sigue de cerca la situación en El Salvador. Esto, después de que la bancada oficialista de Nuevas Ideas, junto a sus aliados GANA, PCN y PDC, iniciaran un proceso para remover a los magistrados del máximo Tribunal en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y los sustituyeran ese mismo día con abogados afines.

“La ONU pide respeto a la Constitución de El Salvador”, indica el comunicado.

“Estamos siguiendo de cerca la situación de El Salvador. El secretario general de la ONU toma nota de las preocupaciones expresadas respecto a los procedimientos usados para la destitución de miembros de la Sala de lo Constitucional”. Antonio Guterres, secretario general de la ONU.

Más de 30 organizaciones de la sociedad civil locales, organismos internacionales y numerosos gobiernos y diplomáticos extranjeros han expresado su preocupación por la crisis institucional que atraviesa el país, llegando incluso a tildarlo como un “golpe de Estado”.

La oposición, reducida a penas a 20 curules de 84, también criticó estas decisiones y manifestó que los nuevos funcionarios elegidos por la Bancada Cyan son “ilegítimos”.

Gobierno pide no intromisión

Los altos funcionarios del Gobierno de El Salvador y el mismo presidente de la República han rechazado y desestimado públicamente las voces críticas a nivel internacional. El mismo Bukele dijo a la comunidad internacional que no se entrometa en las decisiones de su gobierno.

Además, sugirió que podrían continuar las destituciones. “El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, escribió este lunes el mandatario en Twitter sin precisar qué funcionarios siguen en la mira del parlamento.

El domingo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la “profunda preocupación” de su gobierno “por la democracia de El Salvador”, tras la destitución de magistrados.

“Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte”, escribió Harris en Twitter.

El Mundo

CIDH condena destitución de magistrados

Por David Bernal

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció ayer oficialmente sobre la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional y pidió al Estado salvadoreño que “preserve la institucionalidad democrática, respetando la separación e independencia de los poderes públicos”.

La organización dijo que el proceso que siguió la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador para remover a los jueves no fue el idóneo y que violenta el artículo tres de la Carta Democtrática Interamericana. “En ese sentido, la Comisión considera que esta situación reviste de la mayor gravedad porque la Sala Constitucional de la Corte Suprema es la propia institución democrática que debe garantizar el Estado de Derecho”, sostiene en su comunicado, y agrega que “el principio de la inamovilidad de jueces en sus cargos es fundamental para la independencia judicial.”

También dijo que “la CIDH dará un particular seguimiento y atención a las medidas que se adopten para preservar la institucionalidad democrática en ese país, y la situación de los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio”.

El domingo la misma Comisión anunció que había instalado una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) que le permitirá dar seguimiento y monitorear la situación en el país.

La Prensa Gráfica

Protestas por destitución de magistrados y fiscal

Por Laura Flores Amaya

Concentrados en el Monumento a la Constitución, cientos de salvadoreños manifestaron el rechazo por las decisiones a puerta cerrada, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, Raúl Melara, de manera irregular, durante la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, con los votos de Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN.

“Nayib, facista, vos sos el terrorista” corearon los ciudadanos que, sin titubeos, calificaron de “golpistas” tanto al presidente de la república Nayib Bukele como a la diputada Suecy Callejas, quien fue la que ingresó la pieza de correspondencia para la destitución de los magistrados. La decisión, desde la lectura de los manifestantes y de gran parte de la comunidad internacional es un golpe de Estado y a la democracia.

“Se debe decidir respetando el diálogo. No se puede hacer país de manera unilateral. Ningún Gobierno, ningún funcionario público, puede, de manera arbitraria, tomar decisiones sin dialogar con todos los sectores del país. Tienen que dialogar con la ciudadanía, tienen que dialogar con las comunidades”, expresó el representante de una de las organizaciones que participaron de la protesta durante la tarde de ayer.

“El país se construye cuando la función pública es compartida con las comunidades. Decisiones como las que se tomaron a puerta cerrada en las que se concentra el poder, lo que hace, como ya nos ha demostrado la experiencia, es que termina creando élites de poder”, agregó la fuente.

La concentración fue protagonizada, en su mayoría, por la juventud organizada. Sin embargo, se sumaron representantes de instituciones como Pro Búsqueda, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y miembros de la opocisión, en su calidad de ciudadanos.

Las protestas continuarán en los próximos días. La siguiente será el jueves, el día en que se espera que sea la siguiente plenaria de la Asamblea. La intención, según dijeron, es que la Asamblea tome en cuenta a la ciudadanía y respete la ley en las decisiones que tomará.

La Prensa Gráfica

Jueces tildan de “golpe” destitución de la Sala de lo Constitucional y advierten graves consecuencias

Por Mirella Cáceres

Los jueces se pronunciaron este día sobre la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombrar sin el debido proceso a los sustitutos. Eso es algo que irrespeta el orden constitucional e institucional, aseguran los funcionarios en un comunicado hecho público.

“Rechazamos las referidas actuaciones del Órgano Legislativo por ser inconstitucionales. Al respecto consideramos que se ha irrespetado el orden constitucional e institucional, comprometiendo gravemente el Estado de Derecho, la separación de poderes, la seguridad jurídica y el debido proceso al cambiar los jueces constitucionales…”, afirman los jueces.

Para ellos, el cambio de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, “en represalia por los fallos que en otro momento controlaron las actuaciones del Órgano Ejecutivo, y nombrando jueces por medio de un procedimiento ajeno a las reglas de selección e idoneidad que establece el art. 186 de la Constitución, se ha infligido un golpe al sistema de separación de poderes, que traerá graves consecuencias para nuestro país”.

Los funcionarios judiciales también consideran que los magistrados destituidos renunciaron por “las amenazas de captura y procesamiento dados a conocer en las redes sociales afines al Órgano Ejecutivo, así como la presencia de patrullas policiales fuera de sus casas”, dicen en su escrito en referencia a hechos como el que patrullas policiales aparcaran afuera de la casa de Óscar Armando Pineda Navas, anoche.

Los magistrados, ante la decisión del Poder Legislativo, resolvieron inconstitucional el decreto de destitución de la Sala de lo Constitucional. Pero luego sorprendieron presentando sus cartas de renuncia los magistrados Aldo Cáder Camilot, Marina Marenco de Torrento y Carlos Sánchez.

Los jueces llamaron al presiente Nayib Bukele como a los diputados a dejar el revanchismo y actuar con prudencia, sensatez y sentido común.

Los jueces en su pronunciamiento han llamado a los abogados de la República a hacer valer el estado de Derecho y también instan a la comunidad internacional y a organizaciones de derechos humanos a que “tomen todas las acciones necesarias que permite el Derecho Internacional para revertir esta situación”.

El Salvador

Polémica en El Salvador | El Congreso afín a Bukele destituye a jueces de la Corte Suprema y genera indignación

Bukele usa a la nueva Asamblea para tomar control de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía

Por Jimmy Alvarado, Roxana Lazo y Sergio Arauz

En su primera plenaria, la Asamblea Legislativa recién electa en El Salvador, dominada por el partido oficial Nuevas Ideas, aprobó este sábado la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y los sustituyó por jueces afines al presidente Nayib Bukele, saltándose el procedimiento constitucional. Minutos después, la Asamblea destituyó también al fiscal general de la República, Raúl Melara, y lo sustituyó por el exfiscal de crimen organizado, Rodolfo Delgado. Ambas decisiones, tomadas con el voto de 64 de los 84 diputados gracias al apoyo de Gana, PCN y PDC, intentan eliminar dos de los últimos límites institucionales al poder del presidente, que llegó al cargo a mediados de 2019 y cuyo partido arrasó en las elecciones legislativas del pasado 28 de febrero.

En el caso de la Sala de lo Constitucional, los diputados oficialistas, encabezados por Ernesto Castro y Suecy Callejas, que hasta hace apenas unas semanas eran ministros de Bukele, argumentaron que los magistrados (5 propietarios y 4 suplentes) emitieron el año pasado sentencias contrarias a la Constitución, en el sentido de que obstaculizaron el trabajo del Ministerio de Salud durante la pandemia de Covid que aún sufre El Salvador. Formalmente, se les acusó de “convertir a la Sala de lo Constitucional en un Súper Poder” frente a los otros Órganos del Estado, alegando que las sentencias de la Sala contienen  “regulaciones arbitrarias y discriminatorias” y violan “la separación de atribuciones y competencias de los órganos de Estado, en concreto, del Ejecutivo”.

La destitución de la Sala fue televisada por el estatal canal 10 y duró cerca de una hora.

En la misma noche, media hora después, la Sala Constitucional emitió una sentencia en la que declaró inconstitucional la medida del legislativo. “Es una destitución que no está precedida por las garantías procesales necesarias”, dice su resolución. Según los magistrados de la Sala, su intento de destitución ilegal es una forma de coacción del Ejecutivo. Bukele desobedeció durante 2020 varias resoluciones de la Sala, que declaró inconstitucionales una decena de decretos Ejecutivos y de medidas tomadas por el Gobierno, por considerar que se excedía en sus funciones.

En plena confrontación pública por esa razón, Bukele acusó a los magistrados de querer, con sus resoluciones, asesinar “a decenas de miles de salvadoreños”, y en cadena nacional llegó a decir de ellos:  si fuera un dictador ”los hubiera fusilado a todos”. “Salvás mil vidas a cambio de cinco”, dijo el 11 de agosto de 2020. Poco después de emitida la resolución de la Sala, Bukele se burló de los magistrados en sus redes sociales: “Que los magistrados destituidos saquen una resolución es como que Norman Quijano quiera llegar a legislar”, escribió en alusión al exdiputado de Arena que recién dejó funciones y salió del país justo antes de que el fiscal general emitiera una orden de captura en su contra por supuestas negociaciones con pandillas. Ese mismo fiscal fue destituido también la noche de este sábado.

En su caso, el argumento de su destitución fue que hay “prueba notoria de su vinculación partidaria” con el partido Arena. Melara, cuya relación con Bukele pasó en los últimos dos años por distintas etapas de cercanía y confrontación, abrió el noviembre pasado una investigación por corrupción contra los ministros de Hacienda y Salud, por el manejo de fondos y compras relacionadas con la pandemia. Melara estaba investigando también la negociación secreta entre el Gobierno de Bukele y la Mara Salvatrucha-13, revelada por El Faro en septiembre de 2020.

La destitución de la Sala de lo Constitucional, sin ningún debate en la plenaria y sin derecho de defensa de los magistrados, fue condenada la misma noche del sábado por organismos internacionales y por el Gobierno de Estados Unidos. Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, se pronunció: estamos consternados por la propuesta de la Asamblea de remover a cinco magistrados de la Sala Constitucional, un Órgano Judicial independiente es la base de una democracia, ninguna democracia puede vivir sin ello.” Y advirtió: “Una relación fuerte entre los Estados Unidos y El Salvador dependerá de si el gobierno de El Salvador apoya la separación de poderes y mantenga las normas democráticas”.

Según el artículo 185 de la Constitución, la lista de candidatos a magistrados de la Corte debe provenir del Consejo Nacional de la Judicatura, que recogerá de diferentes sectores representativos de los abogados esos nombres. Sin embargo, en la plenaria de este sábado, fue el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, quien leyó una lista de nombres sin argumentar más. El presidente de la Asamblea envió a un receso de cinco minutos y luego fueron electos.

Estos llamados internacionales no tuvieron ningún efecto. Nuevas Ideas sometió a votación la destitución de los magistrados de la Sala a las 8:02 de la noche. Para las 9:00 pm, los diputados ya habían anunciado el nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia impuesto por el Bukele. Nombraron a Óscar López Jeréz, un cuestionado magistrado, actualmente en la Sala de lo Civil,  sin mayor experiencia en el ámbito constitucional y señalado por negociar favores con Luis Martínez, exfiscal general de la República que está actualmente preso por distintos delitos, incluido el de enriquecimiento ilícito.

La aplanadora Cyan

Este 1 de mayo, la que debía ser una sesión plenaria protocolaria para la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa tras las elecciones del pasado 28 de febrero, se convirtió en una exhibición del enorme poder que han concentrado el Ejecutivo de Bukele y su partido. Durante la noche, las redes sociales y la página web de la Asamblea cambiaron de logotipo sin que se sepa quién lo ordenó, puesto que los diputados oficialistas aún no habían asumido aún el cargo.

Ya en la mañana, los 20 diputados opositores, 14 de Arena, cuatro del FMLN, una de Vamos y uno de Nuestro Tiempo, no fueron llamados a ninguna reunión preparativa y vieron cómo se negociaba a sus espaldas el procedimiento del día y la composición de la nueva Junta Directiva, instancia que administra todos los recursos del Legislativa y que debe aprobar una agenda para cada plenaria. Después, la mayoría aplastante de diputados bukelistas no respetó ningún protocolo y hasta tuvo gestos humillantes hacia los minoritarios, que vieron cómo sus micrófonos e intervenciones eran suspendidas y, a diferencia de los del bloque oficialista, sus curules no tenían conectadas las pantallas led con sus nombres durante buena parte de la sesión.

Anabel Belloso, diputada del FMLN, lo calificó como un golpe de Estado técnico. “Estamos en contra del golpe de Estado que diputados de NI promueven contra magistrados de @SalaCnalSV. Su iniciativa es antidemocrática, no fundamenta causas previamente establecidas; no garantizó el derecho de audiencia y defensa; y, no justificó la dispensa de trámite”. El jefe de bancada de Arena, René Portillo Cuadra, se prununció en el mismo sentido: “Nosotros no hemos concurrido con nuestros votos porque tenemos una gran responsabilidad. Necesitamos transformar nuestro país, pero no atropellando la Constitución ni atropellando los derechos fundamentales de otros”, dijo.

La primera sesión no tuvo agenda conocida. Un diputado, un alto funcionario del Ejecutivo y dos personas que mantienen comunicación constante con diputados influyentes de Nuevas Ideas aseguraron a El Faro que un día antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea no tenían idea de cuál sería la agenda del 1 de mayo. “Aún no sabemos nada”, dijo uno de ellos, a menos de 18 horas de que se presentaran al Salón Azul. Esa misma fuente agregó que, hasta horas antes de la plenaria del primero de mayo, incluso los diputados de Nuevas Ideas desconocían quiénes y cuántos conformarían la Junta Directiva y tampoco tenían claro quién sería su jefe de fracción. Finalmente, la posición la ocupará Christian Guevara, estratega de comunicaciones que trabajó para gobiernos de Arena y que ha sido cuestionado por recibir decenas de contratos del Gobierno de Bukele.

En el grupo más influyente y cercano al presidente, según confiaron dos altos funcionarios, sí hubo debate de hasta dónde debía llegar la nueva Asamblea de Bukele en un solo día: “El jueves supe que había un debate si cambiar de un solo al fiscal general”, dijo una de las fuentes. Otras fuentes aseguran que se valoró también la posibilidad de destituir en esta primera plenaria a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, a los de la Corte de Cuentas y al Procurador General de la República, algo que no terminó ocurriendo.

Las críticas de organizaciones de sociedad civil y de organismos internacionales no frenaron el proceso planeado por el Gobierno. A las 9:35 de la noche, un oficial de la Policía Nacional Civil ordenó al guardia que custodiaba la puerta de la Corte Suprema que no permitiera el ingreso de ningún magistrado de los destituidos por la Asamblea en caso de que quisiera ingresar al edificio en el que suele sesionar la Sala de lo Constitucional. El agente de seguridad que atendió al policía le dijo que sin orden judicial no podía cumplir esa orden.

Sin embargo, pocas horas después, minutos después de las 11 de la noche, y pese a que la Sala ya había decretado la inconstitucionalidad de la destitución, los cinco nuevos magistrados entraron, escoltados por la Policía, y sin encontrar resistencia, al edificio de la Corte Suprema de Justicia.

Pasada media hora de la medianoche, la PNC montó un operativo en vehículos oficiales y algunos particulares sin placas, pero con policías a bordo. Los policías tomaron el control del edificio en el que está la oficina del fiscal general cerca de la 1 de la madrugada. Desde ahí, y rodeado de los principales mandos policiales, el nuevo fiscal dio declaraciones a medios oficialistas.

Los elegidos

Los nombres de los elegidos para conformar la nueva Sala de lo Constitucional se conocieron, también en la fracción de Nuevas Ideas, cuando Christian Guevara, jefe de la bancada, los leyó esa misma noche. Minutos después, sin evaluarlos, sin conocer sus perfiles más allá de lo leído por Guevara, los diputados oficialistas dieron el poder constitucional a Luis Javier Suárez Magaña, jefe de la unidad de acceso a la información pública; Héctor Naúm García, ex fiscal y profesor de la Universidad Tecnológica; José Ángel Pérez Chacon, asesor de la Presidencia que justificó ante el juez la negativa del Ejército a abrir sus archivos;  Elsy Dueñas Lovo, muy cercana al partido Gana y promotora de iniciativas para impedir que se hagan públicas las hojas de probidad; y a López Jeréz, magistrado de la Sala de lo Civil que sin proceso formal se convirtió esa noche en presidente de facto de la Corte Suprema.

El nuevo Fiscal, Rodolfo Delgado, ocupó el más alto puesto de la Fiscalía en el área de crimen organizado en las gestiones de seis fiscales, la mayoría de ellos vinculados directa o indirectamente al partido Arena y al partido que nació de su ruptura, Gana: Belisario Artiga (1999-2005); Félix Garried Safie (2006-2009); Romeo Barahona (2009-2012); Ástor Escalante (5 meses de 2009) y parte de la gestión de Luis Martínez, quien hoy está preso por delitos de corrupción y concluyó su gestión en 2015.

“Así no sé hace”, escribió anoche en su cuenta de Twitter Juan S. González, principal asesor de Joe Biden para América Latina, en reacción a un tuit de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Right Watch, en el que decía: “Bukele rompe con el Estado de Derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”.

Lo sucedido la noche de este domingo es considerado por expertos como un golpe de Estado técnico. Organismos internacionales como Amnistía Internacional, CEJIL, o la Fundación para el Debido proceso han condenado la destitución de los magistrados. El Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán, dijo: “Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional. Todo proceso de destitución debe atender a causas específicas y previamente establecidas en la ley. Esta Relatoría de la @ONU permanecerá vigilante y actuará contra toda acción orientada a afectar  la labor de los jueces constitucionales en El Salvador”.

La respuesta de Bukele a las críticas internacionales no se hizo esperar: “A nuestros amigos de la Comunidad Internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca”, tuiteó poco después de la medianoche. “Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia.”

Hasta el cierre de esta nota, a la 1:11 de la madrugada, hora El Salvador, no había ningún pronunciamiento público de la Organización de Estados Americanos ni de su secretario general, Luis Almagro.

 *Con reportes de Gabriela Cáceres.

El Faro