Documental retrata la lucha de los indígenas peruanos por preservar la selva amazónica

Un documental muestra el “costo humano” de conflicto en la Amazonía peruana

El “costo humano” de la lucha que los indígenas peruanos sostienen por evitar la deforestación y la extracción de petróleo y recursos minerales en la selva amazónica es retratado en un documental estrenado recientemente en México.

El largometraje tiene como figura central a Alberto Pizango, quien fuera líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana durante el “Baguazo”, un enfrentamiento entre indígenas y la policía que dejó 23 agentes muertos, uno desaparecido y 10 civiles fallecidos en junio de 2009 en la comunidad de Bagua.

“Cuando dos mundos colisionan”, dirigido por Heidi Brandenburg y Mathew Orzel, muestra cómo los indígenas peruanos se movilizaron para defender sus tierras tras la aprobación de decretos mediante los cuales el Gobierno del entonces presidente Alan García permitía a empresas extranjeras explotar los recursos naturales en la Amazonía.

Aunque unos años después los decretos fueron derogados, el tema del despojo sigue vigente y no parece tener fin en Perú, declaró en la directora peruano-alemana Heidi Brandenburg.

“El paquetazo (aprobado) en 2015 prácticamente está repitiendo la misma cosa; debilitó las regulaciones del medioambiente que no están suficientemente fuertes”, dijo la cineasta durante una visita a Guadalajara, en el occidental estado mexicano de Jalisco, para presentar el filme como parte del festival itinerante “Ambulante”.

El “paquetazo” es una serie de reformas ambientales que promueven la inversión extranjera en las zonas de mayor exclusión del territorio peruano.

El documental utiliza algunas imágenes hasta ahora inéditas, vídeos de archivo y entrevistas con policías para sostener que los indígenas fueron atacados en 2009 por las fuerzas de seguridad mediante quema de casas, disparos y persecución a sus líderes.

Pero también retrata el sufrimiento de los familiares de los 38 policías que fueron secuestrados y de los 23 que fallecieron después a manos de los indígenas.

“El costo humano era mucho más grande. Vamos a ver (en la película) desde todos los ángulos cómo afectan a los pueblos indígenas los intereses de sacar los recursos naturales de la Amazonía, y (también) el otro lado porque al final todos fueron afectados, porque todos somos peruanos”, apuntó Brandenburg.

Los directores siguieron a Alberto Pizango por cerca de ocho años, desde antes y durante el conflicto de Bagua, en su exilio en Nicaragua y a su regreso a Perú para enfrentar un proceso judicial en su contra por incitación a la violencia y homicidio calificado, un juicio que aún no concluye.

“Entendimos que Pizango sacrificaba su vida en la selva, donde vivía, por lo importante que era la Amazonía y los derechos de los pueblos”, refirió la directora.

“Cuando dos mundos colisionan” recibió el premio especial del jurado por mejor documental debut en el Festival de Sundance. En los próximos meses será exhibido en festivales cinematográficos y de derechos humanos en Reino Unido, Italia y Estados Unidos.

En Perú iba a ser distribuido en salas comerciales gracias a un contrato con Universal Paramount, pero la empresa se retractó hace unos días del convenio, lo que los directores consideran un claro acto de censura.

“Había bastante presión política”, afirmó Brandenburg, quien asegura que el equipo tiene una invitación para el Festival de Cine en Lima, en agosto.

https://www.youtube.com/watch?v=lukoalmL_h8

https://www.youtube.com/watch?v=avtK29NzDYg

Colombia: seis mil indígenas awá analizan plan de lucha contra los cultivos ilícitos

awa 2 600x350Seis mil indígenas awá deciden su movilización en Nariño

Aunque siempre ha estado en la mira de los actores armados del conflicto colombiano, los líderes de la comunidad awá en el departamento de Nariño sienten que se acaba el tiempo y que las opciones que les brindan los gobernantes no son reales.

Por eso, cuando cerca de 6 mil indígenas de esta comunidad se encuentren en El Diviso durante los primeros días de junio, la propuesta de una gran y contundente movilización será primordial y tratada con toda la seriedad que esto implica.

Para Javier Cortés, secretario general de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, existe agotamiento entre los miembros de los 30 resguardos que componen la organización, porque ven que el Estado los sigue ignorando a la hora de hablar de inversión en desarrollo, en educación y salud, pero además los agrede, a través del Ejército y la Policía.

“La gente piensa que los falsos positivos ya no existen y eso no es verdad. Nosotros somos víctimas constantes de los atropellos de las autoridades armadas, que siguen abusando de nuestra gente, ingresando sin autorización a nuestros territorios y viviendas y maltratando a hombres y mujeres”, sostiene el señor Cortés.

Precisamente en su muro de Facebook la Unipa acaba de publicar una denuncia pública, según la cual, “El pasado 17 de mayo de 2016, siendo las 4 p.m. el Resguardo indígena awá de Chinguirito Mira (municipio de Tumaco) sufrió un atentado en contra de su autonomía a manos de una tropa adscrita al Ejercito Nacional, un helicóptero (el cual aterrizó en cuatro ocasiones) de manera abusiva aterrizo dentro de la comunidad de Chinguirito y sin mediar palabras un sin número de efectivos entre soldados y personal de la Fiscalía empezaron a bajar de la nave como si se encontraran dentro de un campo de guerra, armados hasta más no poder, acto que generó zozobra dentro de todos los indígenas que se encontraban alrededor del lugar”.

En su denuncia también señalan que “Como si estuvieran dentro de su propia casa, se dirigieron al hogar de un hermano awá e ingresaron de manera abusiva sin presentar ninguna orden que avale su presencia ahí; como ha sucedido en reiteradas ocasiones y en diferentes resguardos de nuestro pueblo, la Fiscalía acompañada del Ejército empezaron a buscar y desbaratar todo lo que estaba a su paso dentro de la casa awá”.

Los hechos que terminaron de generar confusión tienen que ver con un arma que apareció o se le cayó a alguien en esa vivienda: “uno de los efectivos militares hizo caer un arma de fuego dentro de la casa que estaban y empezaron a querer intimidar a quienes estaban dentro del hogar que acepten que esa arma de fuego les pertenecía, al ver que no lograban nada con la intimidación uno de los soldados aseguró que el arma de fuego era de él y que por “error” se le había caído”, dice el comunicado de los awá.

Lo cierto es que alrededor de este asunto aún hay muchas cosas que tanto el Ejército como la Fiscalía deberían aclarar, porque lo que se aprecia es que esta comunidad viene siendo atropellada por absolutamente todos los actores armados del Conflicto y en este momento, son las fuerzas institucionales las que están obrando de esa manera con los indígenas. El secretario de la Unipa asegura que “ahora hay más gente del Ejército en nuestro territorio que guerrilleros o miembros de cualquier grupo armado. A la guerrilla solo se la ve ahora de vez en cuando cuando van de paso hacia alguna parte”.

Sobre este asunto, Javier Cortés también comentó que la persona violentada por personal del Ejército fue obligada a firmar un documento sobre el que se desconoce su contenido y por lo tanto no saben que implicaciones tendrá.

Los cultivos ilícitos

Si bien el secretario de la Unipa asegura que la organización no está participando en las movilizaciones de campesinos e indígenas cultivadores de coca, que en este momento se registran en el pie de monte costero y en la Costa Pacífica, no descartan que en determinado momento tengan que promover una actividad similar, para la cual ya están informados y en proceso de preparación los cerca de 6 mil awá que hoy viven en condiciones sociales y económicas bastante deplorables.

“Vienen a fumigar y erradicar los únicos cultivos que dejan algo para vivir a la gente del campo; la tratan mal y no tienen ni siquiera una alternativa para que nuestra gente se pueda defender y conseguir para el sustento diario. Con las fumigaciones acaban de contaminar las aguas, que ya están muy deterioradas y a nadie le preocupa si nuestras necesidades básicas están por lo menos medianamente satisfechas”, señala Javier Cortés.

“El señor presidente Santos no puede hablar de paz sin hacer inversión, sin darle alternativas a la gente y mucho menos si arremete contra ella, quitándole la única oportunidad económica que tiene”, agregó.

III Congreso del Pueblo Awá

Muchas decisiones importantes se deberán tomar durante la realización del III Congreso del Pueblo Awá, que se llevará a cabo entre el 3 y el 6 de junio en El Diviso, en donde se concentrará el grueso de la comunidad.

La movilización general, el paro campesino que para esos días estará en pleno fervor y la búsqueda de mecanismos alternativos para que el Gobierno Nacional le cumpla a las comunidades indígenas, figuran entre los temas a tratar.

La situación de la comunidad es lamentable. El abandono institucional y la violencia promovida por todos los actores armados son para los awá, argumentos muy sólidos para justificar una gran movilización e intensificar su lucha por la defensa de sus territorios, su cultura y sus derechos.

Panamá: declaran ilegal la injerencia del Tribunal Electoral en las elecciones indígenas

indigenas 630x350Las actuales autoridades comarcales pudieran ser desconocidas por los indígenas, luego que la Corte Suprema de Justicia, declarara nulo un decreto que le dio al Tribunal Electoral (TE), la potestad de organizar las elecciones entre los indígenas.

La demanda fue interpuesta por el abogado Ascario Morales, quien a su juicio el referido decreto, atentaba contra una función, propia de los congresos comarcales.

El fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad del Decreto Ejecutivo 537 de junio de 2010, que otorga esta facultad al TE, promulgada hace seis años, que otorgaba al organismo la facultad de organizar las elecciones comarcales.

Según el diputado indígena perredista, Ausencio Palacios, la consecuencia de este fallo de la Corte, es que las autoridades que fueron escogidas cuando estaba vigente el Decreto 537 no son legítimas, por lo que habría que convocar un nuevo sufragio para que las autoridades que estaban vigentes en ese momento puedan organizarlo.

México: comunidades de Guerrero impugnan ley minera ante la Suprema Corte

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 Comunidades indígenas de la Montaña alta de Guerrero buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional la ley minera, por considerarla violatoria a los derechos humanos de los pueblos originarios y contraria a tratados internacionales firmados por México.

En conferencia de prensa autoridades comunitarias de San Miguel del Progreso, e integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), resaltaron que tras haber atraído la revisión de un juicio de amparo, el miércoles 25 la ministra Norma Lucía Piña Hernández tiene programado exponer para su análisis una ponencia sobre este caso ante ministros de la Primera Sala de la SCJN.

Con la defensa del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, los indígenas de San Miguel –Júba Wajiín, en lengua me’phaa– alertaron que el gobierno federal “busca impedir que la Corte examine el fondo del asunto, al pedir a través de la Secretaría de Economía (SE) el sobreseimiento del amparo en revisión 393/2015”.

En febrero de 2014, los mep’haas ganaron un amparo por el que un juez de distrito en Guerrero suspendió en definitiva las concesiones otorgadas a las empresas mineras Hochschild y Zalamera, tras considerar que se violaron los derechos de los indígenas al no haberlos consultado previamente, como lo establece el Convenio 169 de la OIT firmado por México.

El fallo fue impugnado por la SE, y ante la atracción de la revisión por parte de la Primera Sala de la SCJN, la dependencia ha promovido el sobreseimiento, luego de que la empresas concesionarias de las vetas mineras “Corazón de Tinieblas” y “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas” se desistieron de sus títulos .

Aun cuando el desistimiento benefició a 11 núcleos agrarios de seis municipios, donde están asentadas 240 comunidades en un territorio de 168 mil 346 hectáreas, en noviembre del año pasado la SE puso nuevamente en oferta esos lotes mineros, por lo que los comuneros se ampararon nuevamente para que las llamadas “declaratorias de libertad no surtan efecto”.

Agapito Cantú Manuel, presidente del comisariado ejidal de San Miguel del Progreso, sostuvo que la intención de continuar litigando “es en beneficio no sólo de nosotros, sino de los pueblos que se benefician de los ríos que bajan de la Montaña, nosotros somos campesinos, vivimos de lo que nos da nuestra madre tierra y no queremos vivir de otra forma, no queremos que se contamine la tierra ni el agua, queremos conservar la Montaña para nuestros hijos y nietos”.

Maribel González, abogada de Tlachinollan, explicó que el objetivo de llevar el caso hasta la SCJN es que “aunque se ganaron los amparos, el fondo de la violación a los derechos de los pueblos indígenas es la ley minera, que no reconoce el derecho de los pueblos, no se está pidiendo consulta sino que la ley se declare inconstitucional”.

González dijo que durante el litigio, la SE ha argumentado que a los pueblos indígenas no les asiste la razón, toda vez que la minería es un tema de utilidad pública, “pero ¿cómo puede ser de utilidad pública si las riquezas del subsuelo son entregadas a empresas privadas que, según la ley, tendrían facultades para expropiar la tierra de los campesinos?, ¿cómo pueden ser de utilidad pública ganancias privadas y estar por encima de los derechos de los pueblos originarios, sobre los que se funda la nación?”.
De declararse el sobreseimiento del amparo, advirtió, “lo que vendría es interponer amparos conforme la SE entregue concesiones mineras sobre el territorio indígena”.
Rogelio Teliz, abogado de Tlachinollan, explicó que en Guerrero la SE ha otorgado 816 títulos de concesión para la extracción minera, que implican 24% del territorio guerrerense.
Dijo que hasta ahora sólo operan tres mineras y lo hacen a cielo abierto: en Carrizalillo, en Zumpango; Campo Morado, en Arcelia, y Media Luna en Cocula, con secuelas negativas para el medio ambiente y la salud para los habitantes de las inmediaciones.
Taurino Carrazco y Valerio Amado Solano, miembros de la CRAADT, resaltaron que el proceso jurídico tiene carácter “preventivo”, porque las minas no están operando por el momento, sino que únicamente estaban en fase de exploración.

Aunque tienen información de los efectos nocivos de la minería, los integrantes de la CRAADT señalaron que no han tenido acercamientos con las autoridades comunitarias afectadas por la minería, porque “en esos lugares opera el crimen organizado”.
Carrazco advirtió que uno de los motivos por los que se oponen a la minería es precisamente de que al menos en Guerrero se ha demostrado que, “donde hay mineras, está el crimen organizado, son quienes matan a los líderes que están en contra de las mineras, y los que cobran cuotas, por eso nuestra lucha es preventiva”.

Chile: comenzará a dictarse la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios

palin 1 1024x683 600x350A partir del año 2017 se comenzará a materializar el plan de educación intercultural que forma parte de la Reforma Educacional. Para ello desde el Mineduc ya están elaborando planes de estudios de 1º a 5º básico para enseñar las cuatro lenguas originarias activas en el país: Mapudungún, Aymara, Rapa Nui y Quechua.

La iniciativa busca transformar un sistema educativo en un sistema más inclusivo, de calidad integral y con procesos de aprendizajes pertinentes a las particularidades culturales de los diversos territorios donde están insertas las escuelas y liceos del país.

Y en ese contexto se está trabajando en la actualización del marco curricular del sector de lengua indígena, estableciendo nuevas bases curriculares donde se definan los objetivos de aprendizajes de la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios.
“La pérdida progresiva de las lenguas originarias en el país ha repercutido en la forma de cómo el Estado genera políticas educativas que impulsan y fortalecen lingüística y culturalmente a los pueblos originarios. Incorporar esta nueva asignatura, ampliará la interculturalidad y será tan importante como cualquier otro ramo. Esto es integrar y mejorar la calidad en la educación”, declaró la seremi de Educación, Alyson Hadad.

Venezuela: pronunciamiento de los pueblos Ye´kwana, Sanema y Pemón contra el Arco Minero

asamblea indigena 600x350Esta carta es elaborada por todas las autoridades legítimas de 49 comunidades Ye´kwana y Sanema participantes a la XX Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI, organización de base comunitaria indígena del poder popular ancestral, originario y tradicional de los pueblos antes mencionados, quienes acordamos en plenaria dirigir la presente comunicación en atención a las siguientes consideraciones y en consecuencia solicitar su actuación conforme a las leyes indígenas y de la República Bolivariana de Venezuela.

La XX Asamblea General Ordinaria reunida en la fecha 21 a 24 de abril de año 2016 en la comunidad El Playón se pronunció sobre el Decreto del Arco Minero que afecta directamente a las poblaciones de la cuenca del Caura y en especial las comunidades indígenas de los Pueblos Ye´kwana–Sanema y Pemón el cual RECHAZAMOS DEFINITIVAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARCO MINERO EN NUESTRO TERRITORIOS y HÁBITATS.

En el caso particular del Caura y es de preocuparse los resultados de los estudios científicos del año 2010 y del 2011 reportan el impacto ambiental en nuestro territorio tradicional incluyendo, el incremento de contaminantes químicos y sedimentos en suspensión en el río Yuruani y en el río Caura, así como bioacumulación de mercurio en tejido muscular de los principales peces de consumo masivo por parte de nuestras comunidades indígenas, especialmente en niños, niñas y adultos mayores. El resultado de los estudios científicos reportan bio-acumulación de mercurio en tejido humano (cabellos) en miembros de las comunidades indígenas Ye´kwana y Sanema de la cuenca del río Caura.

La cuenca del río Caura tiene en su ordenamiento territorial vigente diversas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) incluyendo el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, Reserva Forestal El Caura, Monumentos Naturales Ichún-Guanacoco, Cerro Guiquinima y Zona Protectora Sur del estado Bolívar, los cuales consagran la protección y salvaguarda de los bosques, recursos hídricos, suelos agrícolas y demás recursos de la biodiversidad, regulando para ello el uso y aprovechamiento bajo normas de manejo con fines de desarrollo sustentable de las poblaciones autóctonas, indígenas y de la nación venezolana, prohibiendo taxativamente la actividad minera.

Para los pueblos antes mencionados consideramos que el Arco Minero es una violación de nuestro derecho legítimo a la salud y a un territorio seguro, propio y con calidad de vida.

Consideramos incoherente la decisión tomada sobre la política minera dentro de territorios indígenas desestimando los derechos indígenas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente desde el año 1999, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el Convenio sobre los Derechos Humanos Universales, en la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas, en la Ley Ordinaria de Demarcación de Tierras y Hábitats Indígenas y todas las demás leyes, convenios, pactos y tratados debidamente suscritos y ratificados por la República y de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades nacionales civiles y militares sin excepción.

Las culturas Ye´kwana y Sanema dependen de los bosques, caños y demás ecosistemas y recursos naturales de la cuenca del río Caura para poder seguir existiendo, y como consecuencia de la actividad de minería ilegal en nuestro territorio se han dado los primeros impactos ambientales y de salud humana que constituyen pasos tempranos de un proceso que a nivel internacional se tipifica como etnogenocidio, el cual estamos a tiempo todavía de evitar.

La conservación de los recursos naturales del territorio ancestral son fuente de alimentación y necesidades vitales manejadas desde nuestro origen, los cuales están en grave peligro por la presencia de la minería ilegal y el decreto del arco Minero del Orinoco. Yaajö Sawedi, nos dijo que cuidáramos a Atukaadoda (hierro), Adeumoiyana (agua), Enuujukuñamana (aire) como él los cuidó. Las tierra es fundamental para el pueblo Ye´kwana y Sanema, donde nace nuestro patrimonio cultural: educación propia, la cultura y garantiza nuestra seguridad alimentaria, la de nuestros hijos y futuras generaciones.

Exigimos que en representación de todas las autoridades legítimas de esta XX Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI, debidamente constituida, sea presentada en punto de cuenta ante el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y comunique por vía escrita a las demás autoridades del consejo de ministros y, en especial, al ministro de Defensa y a la Procuraduría General de la República.

Es el deseo expreso de esta XX Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI no al ARCO MINERO SI AL ¡BUEN VIVIR! en los territorios indígenas, solicitamos actuar conforme al marco legal previsto en la Constitución, las leyes, convenios, pactos y tratados de la República Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia exigimos que mediante la presente, el Alto Mando Militar y la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela también cumplan con sus obligaciones según dictan las Leyes.

¡QUEREMOS SEGUIR EXISTIENDO! ¡EXIGIMOS NUESTRO TERRITORIO PARA SEGUIR VIVIENDO BIEN¡

¡La vida vale, más que El oro!

Presentan en la ONU el mapa más completo de pueblos originarios de Centroamérica

qphpbysc 600x350La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) presentó en la ONU el mapa más completo sobre los pueblos originarios, áreas protegidas y ecosistemas naturales de Centroamérica.

En el contexto de la 15ª sesión del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, se dio a conocer la carta, elaborada con alta tecnología y que muestra la riqueza natural de zonas habitadas y protegidas por comunidades indígenas.

Producido por la UICN, en colaboración con tres mil 500 indígenas y los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Belice y Costa Rica, revela que más de un tercio de las tierras ocupadas por pueblos indígenas se encuentra en territorios y aguas que los Ejecutivos de la región han designado como protegidos.

Visibiliza la relación de los originarios con la preservación de los recursos naturales, y demuestra que pueden trabajar juntos los gobiernos, los indígenas y el mundo de la conservación, destacó a Prensa Latina la directora regional de la UICN, Grethel Aguilar.

Es también una herramienta para el diálogo, en una región en la cual somos entre un 17 y un 20 por ciento de la población, añadió el representante del pueblo lenca salvadoreño Jesús Amadeo Martínez.

El mapa evidencia que en las zonas de las comunidades nativas es donde se encuentran los recursos naturales mejor conservados.
Arrecifes de coral, sitios de anidación de tortugas, cuerpos de agua y elementos topográficos que habían pasado desapercibidos en iniciativas geográficas anteriores, también se pueden apreciar.

La UICN refiere que el mapa está diseñado para hacer un llamado y visibilizar los potenciales beneficios de la construcción de alianzas entre los conservacionistas, los gobiernos y los pueblos indígenas de Centroamérica.

Este mapa es un instrumento que permite a los pueblos indígenas avanzar en el reconocimiento, respeto y promoción de sus derechos, destacó Ramiro Batzin, director ejecutivo de la Asociación Sotzil de Guatemala y miembro del Consejo Indígena Centroamericano.
Hasta el próximo día 20 sesiona en la sede del máximo organismo internacional el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas bajo el lema “Pueblos Indígenas: conflicto, paz y resolución”.

El foro es el órgano asesor del Consejo Económico y Social, con la misión de examinar las cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del Consejo relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.

http://www.nodal.am