Las responsabilidades éticas y legales deben coincidir

La Iniciativa de Empresas Responsables desencadena un debate sobre los valores morales que constituyen la base de Suiza. Llega al corazón de las expectativas de sus ciudadanos, representantes electos y líderes. Desde hace muchos años, las empresas multinacionales con sede en Suiza gozan de la neutralidad o del apoyo del Estado, a pesar de que el Consejo Federal ha admitido a medias que existen problemas de derechos humanos en el sector de las materias primas. Sin embargo, el Consejo Federal cierra los ojos al seguir abogando por medidas de autocontrol.

Las medidas voluntarias no son suficientes

Con el pretexto de contribuir al desarrollo económico de los países emergentes, de gran parte de la comunidad empresarial y de los políticos de derecha, la política de maximización de los beneficios de las empresas suizas en el extranjero ha continuado sin obstáculos. Después de casi cinco años de debate, la contrapropuesta presentada por los oponentes a la iniciativa ha sido vaciada de contenido, en comparación con la contrapropuesta inicial. En la primera, sólo se formula la obligación de que las empresas informen de las actividades emprendidas para mejorar su historial en materia de derechos humanos y medio ambiente. Sin embargo, esa medida ya fue adoptada hace seis años por Bruselas. Además, la Unión Europea reconoce que estas directivas, si bien aportan un poco más de transparencia, no se traducen en mejoras creíbles sobre el terreno. Un ejemplo de lo anterior es la empresa suiza Glencore.

En junio de 2019, Glencore publicó su informe de sostenibilidad. Este último afirma que la empresa no ha experimentado ningún incidente importante durante ese año. Sin embargo, hubo dos accidentes graves en el Congo el año pasado. En el primer incidente, un camión de reparto de ácido atropelló a varias personas, que fueron quemadas vivas. Unos meses más tarde, 30 mineros artesanales murieron en el derrumbe de una mina. 

En los últimos años, además de Glencore, otras empresas multinacionales han asumido numerosos compromisos de forma voluntaria. Este es el caso, en particular, de la pesca, la madera, el aceite de palma, el oro y el algodón. Sin embargo, los requisitos y controles de tales compromisos distan mucho de ser uniformes. Ninguno de ellos ha logrado reunir a todos los actores de un sector económico. Como consecuencia, el actual vacío legal beneficia a una minoría de empresas sin escrúpulos. Las empresas que respetan las reglas voluntarias sufren una competencia desleal por parte de las que no las respetan.

Existen directrices no voluntarias en el nivel internacional, a las cuales las empresas pueden subscribir. Los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, desarrollados por el Representante Especial del Secretario General (RESG) John Ruggie, fueron adoptados unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2012. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estableció las Directrices para las Empresas Multinacionales en 2015. En 2014, Sudáfrica y el Ecuador han iniciado un tratado sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales.

También contamos con iniciativas de normatividad a nivel nacional. El Reino Unido aprobó la Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido en 2015. Esta ley obliga a las empresas que operan en Gran Bretaña con una facturación superior a 36 millones de libras, a presentar un informe anual sobre las medidas adoptadas para prevenir el uso del trabajo forzoso y la trata de personas en toda su cadena de producción. En Francia, la ley “sobre el deber de vigilancia de las empresas matrices y las empresas ordenantes” se promulgó el 27 de marzo de 2017. Las sociedades anónimas que empleen, por sí mismas o en sus filiales, al menos a 5.000 empleados en Francia o 10.000 en todo el mundo, deben elaborar un “plan de vigilancia” que describa las medidas “para identificar y prevenir las violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la salud y la seguridad de las personas y el medio ambiente”. Otros países europeos, como Alemania y los Países Bajos avanzan en la misma dirección. Así pues, en los últimos años se han hecho progresos significativos en Europa.

En Suiza, se teme que las empresas sean consideradas responsables de los actos cometidos por terceros. Un poco como si fuéramos responsables de depredaciones cometidas por un vecino. Sin embargo, hay que recordar que las empresas en cuestión no sólo controlan las filiales que poseen, sino también las empresas que están estratégicamente vinculadas a ellas. Estos proveedores o clientes, que realizan una parte importante de su volumen de negocios con la empresa residenciada en Suiza, dependen por lo tanto en gran medida de ella. Se establecen los límites de la responsabilidad por dependencia, sin considerar la naturaleza de esta dependencia. Ello significa que la entidad encargada de tomar las directrices decisivas para las demás, se convierte en responsable de hecho de ellas. 

La multiplicación de los escándalos en los que se ven envueltas – ayer como hoy – grandes multinacionales suizas – Nestlé, Ciba, Hoffmann-Laroche, Glencore, Lafarge Holcim, etc. – perjudica gravemente la reputación de nuestro país. También demuestra que el autocontrol no funciona. La responsabilidad moral y ética de las empresas suizas activas en el extranjero debe ir acompañada, hoy en día, de obligaciones legales concretas. Tenemos uno de estos escándalos en Colombia, donde Glencore se ve involucrada en la muertes de miles de niños indígenas.

Glencore debe afrontar sus responsabilidades hacia el pueblo Wayúu en Colombia

Debido a su economía basada en la extracción de petróleo, carbón, en la exportación de productos sin transformación industrial y en la importación de productos del primer mundo, existe una gran presencia de multinacionales en Colombia. Tres de estas multinacionales han sido acusadas de violar los derechos humanos de los colombianos. Chiquita Brands (U.S.A) financió a grupos paramilitares entre 1997 y 2004. Una envasadora de Coca-cola (U.S.A) fue acusada sin éxito en participar en el asesinato de sindicalistas. Glencore (Suiza) contribuye a la muerte de varios miles de niños indígenas. 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, agencia oficial del ejecutivo colombiano, el pueblo wayúu cuenta con 270.413 personas. Ahora bien, la misma agencia reporta que entre los años 2008 y 2013 han muerto 2969 niños de este pueblo. Recientemente, la Corte Constitucional Colombiana decreto el estado inconstitucional de cosas frente a esta realidad, que aún persiste y ha empeorado, hasta alcanzar los 4770 niños muertos en 2018.

Podemos citar indicios que apuntan a la posibilidad de que una causa importante en la creación de las condiciones que derivan en la mortalidad infantil, es la construcción de la represa “El Cercado” sobre el Río Ranchería, inaugurada el 30 de noviembre del 2010, con participación de la multinacional suiza Glencore. Las aguas del Río han sido redistribuidas en detrimento del consumo humano, específicamente del pueblo wayúu. Esto ha sido exhaustivamente documentado por la investigación del periodista Gonzalo Guillén, quien presenta sus resultados en el documental “El río que se robaron” (2013).

El próximo 29 de noviembre, el pueblo suizo tiene la palabra. Con un “si” al referéndum sobre transnacionales responsables, se podrá abrir la posibilidad de llevar a una corte helvética el caso de la muerte sistemática de niños del pueblo wayúu. Es la compañía Glencore, con sede en Zug, que contribuye a la muerte de los niños, al privarlos de agua. Está en manos del pueblo suizo parar la matanza de miles de inocentes.

Emmanuel Deonna, representante ante el Gran Consejo del Cantón de Ginebra, Partido Socialista.

Leonardo Rodríguez, representante de la sociedad civil colombiana ante la ONU.