Mientras la impunidad y la corrupción sigan siendo una característica endémica del sistema político mexicano, es probable que múltiples actores sigan utilizando la violencia como “política por otros medios”

Este domingo 6 de junio, los ciudadanos mexicanos participaron en las mayores elecciones de la historia del país. Estaban en juego 15 gobernaciones, 30 legislaturas estatales, 1.900 alcaldías, así como la renovación de toda la Cámara de Diputados. Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), no estuvo en las urnas, la elección fue vista en gran medida como un referéndum de su presidencia y un posible instrumento para fortalecer a su partido, Morena, de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

El proceso electoral estuvo marcado por fuertes divisiones entre los candidatos políticos, así como por un clima de polarización alimentado por los ataques de López Obrador contra las instituciones electorales del país y sus detractores, entre ellos periodistas y activistas sociales. Pero esta división no fue el único factor que ensombreció las elecciones de México.

Durante los meses previos a las elecciones, el país fue testigo de una creciente y aparentemente omnipresente ola de violencia que afectó a la vida y a la seguridad personal de los políticos candidatos y de los funcionarios públicos (especialmente los alcaldes), pero también a la de los líderes de los partidos, los periodistas y los activistas de derechos humanos. Según algunas estimaciones, hubo más de 140 asesinatos en las elecciones de este año. Concentrados geográficamente en estados como Oaxaca, Baja California, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Jalisco, esta ola de violencia implicó expresiones de daño muy visibles, como la tortura, el linchamiento, los disparos, las mutilaciones y la exhibición de cadáveres en espacios públicos.

La cobertura nacional e internacional de la violencia electoral en México se centró en su mayor parte en la posible implicación de los cárteles de la droga o de los grupos delictivos organizados (GDO) en la perpetración de la violencia. El gobierno mexicano, incluido el presidente López Obrador, se refirió en repetidas ocasiones al “crimen organizado” como el principal responsable de la inestabilidad y el miedo que caracterizan estas elecciones.

Para los grupos delictivos organizados, el mayor incentivo para matar es que se enfrentan a un coste escaso o nulo por su uso de la violencia, ya que cerca del 90% de los asesinatos quedan impunes en México

De hecho, como han demostrado estudios recientes, los GDO tienen incentivos para utilizar la violencia durante los procesos electorales, sobre todo a nivel municipal, donde pueden asegurarse el acceso a los recursos públicos, a los negocios lícitos e ilícitos y a la protección de las fuerzas del orden. Además, como han señalado varios analistas, el mayor “incentivo para matar” de estas organizaciones es el hecho de que se enfrentan a un coste escaso o nulo por su uso de la violencia, ya que cerca del 90% de los asesinatos quedan impunes en México.

Sin embargo, una narrativa centrada exclusiva o principalmente en los GDO es problemática en varios aspectos. En primer lugar, la mayoría de estos delitos no se denuncian o forman parte de investigaciones en curso y no concluyentes. Por lo tanto, aún no existen pruebas empíricas o judiciales que puedan demostrar efectivamente la participación directa de estos grupos en estos actos de intimidación y violencia. En este sentido, la participación de estas organizaciones criminales en estos actos se basa en especulaciones, en el boca a boca o en las “pruebas” que supuestamente dejan los propios autores. Por ejemplo, las pancartas o las notas escritas pegadas al cuerpo de la víctima o el “estilo” del asesinato (múltiples disparos o disparos a la cabeza) suelen considerarse pruebas de los asesinatos del crimen organizado.

Igualmente importante es el hecho de que una narrativa centrada en los grupos armados organizados oculta el hecho de que varios de estos grupos actúan con la protección o la participación activa de las autoridades y los agentes de la ley. En otras palabras, esta narrativa no reconoce el hecho de que las líneas entre los actores políticos y los grupos criminales son mucho más borrosas o “fluidas” sobre el terreno, lo que hace que el binario entre actores armados legales e ilegales sea analíticamente inadecuado. Además, la evidencia histórica indica que la connivencia entre actores políticos y criminales no es nueva en México, y que los asesinatos extralegales, tanto hoy como en el pasado, pueden ser perpetrados directamente por actores estatales, principalmente por agentes de policía a nivel municipal y estatal.

Una narrativa que atribuya toda la violencia electoral a los GEC tampoco da cuenta de la multiplicidad de actores que ejercen la violencia en el México contemporáneo, desde los sindicatos, hasta los agentes de poder local y las turbas de linchamiento. Al igual que las organizaciones criminales, estos diferentes grupos vieron en estas elecciones una oportunidad para promover sus intereses políticos, garantizar el acceso a los recursos económicos o ejercer el control social a nivel local.

Los sindicatos, por ejemplo, viejos y nuevos, integrados por personas de la industria del transporte y la construcción, consideraron esta elección y sus resultados como una oportunidad para asegurar contratos para proyectos de infraestructura pública.

Un caso ilustrativo tuvo lugar en marzo de 2021, en Ecatepec, Estado de México. Miembros del Sindicato Libertad -un sindicato que representa a personas del sector del transporte pero también a vendedores ambulantes y recolectores de basura- agredieron a un grupo de personas que se quejaban de la falta de agua en el municipio y que exigían a las autoridades que dejaran de distribuir el agua a través de las tuberías controladas por este sindicato. Los manifestantes eran simpatizantes del partido Morena, mientras que se cree que los agresores eran partidarios del líder del sindicato, un hombre que se presentaba como candidato a diputado local con un partido rival. Este sindicato y otros similares con presencia en estados como Guerrero, Veracruz y Puebla, suelen tener conexiones profundas y duraderas con los agentes del poder local -conocidos comúnmente como caciques-, así como con empresarios y familias influyentes.

mientras la impunidad y la corrupción sigan siendo una característica endémica del sistema político mexicano, es probable que estos actores sigan utilizando la violencia como “política por otros medios”

Los “caciques” locales, que pueden tener o no vínculos con el crimen organizado, y que suelen pertenecer a familias que han dominado la política, los sindicatos y las empresas locales durante décadas, son las autoridades de facto en varios de los municipios que ahora se enfrentan a las elecciones. Es poco probable que se produzcan actos de intimidación y violencia, como extorsiones, secuestros y asesinatos, sin su aprobación o incluso sin su participación activa.

En la violencia electoral de México no hubo uno, sino varios actores involucrados

En Veracruz, por ejemplo, varias organizaciones criminales, entre ellas el brutal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Zetas Vieja Escuela, tienen una importante presencia en el estado y supuestamente controlan el tráfico de drogas y otros mercados ilícitos en la localidad. Sin embargo, como han sugerido investigaciones recientes, no toda la violencia puede atribuirse fácilmente a estos grupos.

Un ejemplo de ello es el asesinato de Carla Gladys Merlín Castro y su hija, Carla Enríquez Merlín, ambas parte de una influyente familia de caciques tradicionales que poseen negocios de transporte, restaurantes, tiendas y ranchos en Veracruz. Aunque se les ha vinculado con intereses criminales, su asesinato es difícil de desligar de la historia de control político, corrupción y violencia que involucra a esta familia en el pasado reciente.

Aunque los medios de comunicación o los relatos oficiales rara vez se ocupan de ello, las formas de violencia comunitaria y la justicia por cuenta propia -incluidos los linchamientos- también han desempeñado un papel crucial en esta reciente ola de violencia electoral. Estos grupos más o menos organizados buscan presionar, intimidar o negociar con los funcionarios públicos o con los candidatos que se presentan a las elecciones. Su objetivo es “corregir” el comportamiento de los políticos que han sido acusados de corrupción, de mal uso de los fondos públicos o de colaborar con los GEC.

En estados como Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, los vecinos han organizado linchamientos, disturbios y han secuestrado a funcionarios públicos como forma de protesta por sus acciones o por su incumplimiento de los bienes públicos. Uno de los ejemplos más recientes fue la amenaza de linchamiento contra el candidato a la alcaldía de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los vecinos le pusieron una soga al cuello, lo despojaron de sus zapatos y lo hicieron caminar mientras lo amenazaban con lincharlo. Los agresores le acusaron de no haber entregado las obras públicas que había prometido cuando era diputado en el Congreso del Estado.

En la violencia electoral de México no hubo uno, sino varios actores involucrados. Tenemos que romper con las explicaciones dominantes centradas en las acciones de las organizaciones criminales que a menudo se imaginan como operando fuera de los márgenes del Estado.

Los sindicatos, los vigilantes, los agentes locales de poder y los actores estatales son también actores clave en la creación de la violencia en México, ya sea electoral o de otro tipo. Para ellos, al igual que para los grupos criminales, la violencia constituye un lenguaje político para hacer reclamaciones, negociar el acceso a los recursos o influir en los resultados electorales.

Más allá de estas elecciones, y mientras la impunidad y la corrupción sigan siendo una característica endémica del sistema político mexicano, es probable que estos actores sigan utilizando la violencia como “política por otros medios”.

Gema Kloppe Santamaría

Violencia electoral e influencia ilícita en México

Estas elecciones del 6 de junio en México han sido testigo de múltiples asesinatos, ya que el crimen organizado busca reforzar su influencia.

International Crisis Group acaba de presentar su informe latinoamericano nº 87 sobre la crisis de violencia electoral en México. Publicamos aquí el resumen ejecutivo. Lea el informe completo aquí

¿Qué hay de nuevo?

El 6 de junio, México celebrará la jornada electoral más grande de su historia, en la que se decidirán 21 000 cargos de elección popular en todo el país. Las fuerzas de la oposición acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer instalar un gobierno autoritario si sus aliados logran imponerse en las urnas. Mientras tanto, grupos criminales explotan la contienda electoral en búsqueda de impunidad y poder.

¿Por qué importa?

Hay un ambiente político altamente polarizado y los partidos políticos son débiles y oportunistas. Los grupos criminales se valen de favores y amenazas para ganar influencia sobre los futuros funcionarios electos. Los lazos entre el gobierno y el crimen organizado que llevan mucho tiempo debilitando las políticas de seguridad perpetúan los altos niveles de violencia del país.

¿Qué se debería hacer?

Cortar los vínculos entre delincuentes y funcionarios del Estado será una tarea difícil, en especial dada la aparente falta de voluntad del gobierno para actuar. Aun así, los actores internacionales deberían apoyar el fortalecimiento de los organismos independientes de observación electoral y un giro hacia políticas focalizadas y menos militarizadas para frenar la inseguridad en las áreas más violentas de México.

Resumen ejecutivo

A medida que México se acerca a la jornada electoral más masiva de su historia, los grupos criminales del país compiten por instrumentalizar las elecciones para incrementar sus ganancias y poder. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018 prometiendo librar al país de las élites neoliberales corruptas.

La contienda por los más de 21 000 cargos a distintos niveles del Estado mexicano pone a prueba esta misión. Sus opositores, por su parte, alegan que el gobierno ha sido irresponsable en su postura hacia la pandemia de COVID-19, y protestan por su retórica divisiva y sus presuntos planes para establecer un control central y autoritario sobre el aparato estatal.

Pero mientras los candidatos compiten por conseguir votos, los grupos criminales se han mantenido ocupados buscando potenciales aliados entre los futuros funcionarios, independientemente de su filiación política. La lucha entre estos grupos por conseguir una mayor influencia sobre el Estado ha desatado una ola de violencia electoral, que hasta ahora ha cobrado la vida de 89 personas.

Es probable que la complicidad entre autoridades estatales y grupos ilegales continúe, provocando aún más derramamiento de sangre, si no se toman medidas para frenar la corrupción y la impunidad durante y después de las elecciones.

Desde hace varios ciclos, las elecciones en México se han visto empañadas por oleadas de asesinatos, dirigidos principalmente contra candidatos y funcionarios estatales: 371 funcionarios y 152 políticos, incluidos 48 candidatos, fueron asesinados en el periodo previo a las últimas elecciones generales de hace tres años.

Muchas de estas víctimas habían caído en desgracia con organizaciones criminales, quienes en su búsqueda de acuerdos turbios para conseguir protección y acceso a instituciones y fondos públicos suelen ser implacables.

Los asesinatos de candidatos se multiplican pero las autoridades parecen carecer de la voluntad o la capacidad necesaria para judicializar a los culpables o proteger a los candidatos en riesgo

Con un índice de condenas terriblemente bajo para delitos graves como los homicidios (suman más de 30 000 al año, de los cuales casi el 90 por ciento quedan en la impunidad) y con los órganos de policía y judiciales permeados por las influencias de los grupos ilícitos, en especial en las regiones donde hay fuertes conflictos armados, las autoridades parecen a menudo carecer de la voluntad o la capacidad necesaria para judicializar a los culpables o proteger a los candidatos en riesgo.

Este ciclo electoral ha traído más de lo mismo, con un ambiente político polarizado, partidos y candidatos oportunistas y grupos criminales ansiosos por aumentar su influencia. En el lado del gobierno, MORENA, el partido de López Obrador que fue creado en 2014 para promover sus aspiraciones presidenciales, carece de cohesión y ha sido explotado por interesados que ven al partido como un vehículo útil para alcanzar el poder.

Por su parte, los partidos de la oposición están estancados, con pocos líderes de peso y muchas fisuras internas. En ambos lados, los candidatos que quieran reforzar su campaña con financiación y bloques de votos garantizados podrían recurrir a la ayuda de grupos criminales.

A su vez, estos grupos criminales están cada vez más enfrentados entre sí. En los últimos años, los grupos criminales más grandes, que en algún momento dominaron la escena del crimen organizado en el país, se han dividido en una serie de facciones más pequeñas. Como lo confirman fuentes criminales, las relaciones transaccionales con políticos electos y funcionarios estatales son una de las ventajas más significativas que puede tener un grupo ilícito.

La interacción entre la contienda electoral y la aparente corrupción se ven claramente en la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, una de las más devastadas por el conflicto, donde grupos criminales rivales buscan obtener una ventaja competitiva al establecer pactos con aquellas personas que posiblemente serán electas.

Las prósperas relaciones entre actores estatales y grupos criminales son uno de los mayores obstáculos para reducir las altísimas tasas de violencia e impunidad del país

Si sus candidatos triunfan, estos grupos pueden esperar favores que van desde la impunidad hasta recibir protección de las fuerzas de seguridad estatales y federales, o incluso acceso a fondos públicos. Los conflictos locales tienden a empeorar cuando los grupos rivales llegan a acuerdos con distintas agencias o instituciones estatales, pues esto impide que una sola red criminal domine, lo que propicia luchas violentas perpetuas.

Las prósperas relaciones entre actores estatales y grupos criminales, que están basadas en un quid pro quo entre apoyo electoral ilícito y corrupción oficial, son uno de los mayores obstáculos para reducir las altísimas tasas de violencia e impunidad del país. No será fácil romper estos lazos, especialmente dada la falta de un liderazgo fuerte al más alto nivel del gobierno sobre este asunto.

Los socios de México, como EE. UU. y la UE, deben buscar aliados en el gobierno y la sociedad civil que puedan tomar medidas para estabilizar las regiones sumergidas en la violencia. Uno de esos pasos sería fortalecer las instituciones encargadas de velar por la integridad de las elecciones y resguardar la independencia de esos órganos, lo cual resulta esencial para cualquier esfuerzo por proteger a los funcionarios electos de la influencia criminal.

Pero los patrones de corrupción, cooptación e impunidad están profundamente arraigados en el sistema electoral y el sistema político. Para contrarrestarlos será necesario reforzar los mecanismos de control externo y de rendición de cuentas, respaldados por la sociedad civil, en instituciones como la policía y las fiscalías.

El esfuerzo general de ponerle freno al poder criminal en México también requerirá una revisión integral de la actual política de seguridad, que a pesar de la promesa que hizo López Obrador al asumir el cargo de cambiar de rumbo, continúa apoyándose demasiado en el uso de la fuerza militar y es por ello contraproducente.

Un camino más eficaz sería diseñar estrategias para el contexto específico de cada una de las áreas afectadas por el conflicto, que ayuden a las fuerzas de seguridad a proteger a la población civil vulnerable, y también creen iniciativas para limpiar las instituciones locales y programas que aborden las causas socioeconómicas que propician el reclutamiento por parte de los grupos criminales.

Aquí de nuevo falta actualmente voluntad del gobierno federal para adoptar dichas iniciativas, pero algunas autoridades estatales y municipales al igual que grupos de la sociedad civil están trabajando de manera innovadora. Washington y otros actores externos influyentes deberían apoyar estos esfuerzos locales, y a la vez presionar al gobierno federal para que cambie de rumbo hacia una nueva política de seguridad que pueda ayudar a México a salir del ciclo letal en el que se encuentra.

International Crisis Group

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