Moro denuncia que Bolsonaro quería promover rebelión armada en Brasil

El exministro de Justicia y Seguridad Pública, el exjuez Sérgio Moro, denunció ayer que el presidente Jair Bolsonaro pretendía facilitar armas para rebeliones violentas contra alcaldes y gobernadores, dando lugar a una guerra civil en Brasil.

‘En cuanto a las políticas de flexibilización de la tenencia y porte de armas, se trata de medidas que pueden ser legítimamente discutidas, pero no se puede pretender, como deseaba el presidente, que se utilicen para promover una especie de rebelión armada contra las medidas sanitarias impuestas por gobernadores y alcaldes’, escribió Moro en la red social Twitter.

Precisó en un comunicado que ‘ni tampoco se recomienda que los mecanismos de control y rastreo del uso de estas armas y municiones sean simplemente revocados, pues existe el riesgo de desvío de armas destinadas a la protección de los ciudadanos comunes en beneficio de los delincuentes’.

Además de indicar la protección de las milicias, el exmagistrado de la operación Lava Jato Moro también aseveró que ‘la simple revocación de estos mecanismos de control no es una medida responsable’.

Durante una explosiva reunión ministerial el 22 de abril, Bolsonaro pidió armar a la población para evitar que pueda instaurarse una dictadura en Brasil, hecho que, según su criterio, sería posible teniendo en cuenta las acciones gobernadores y alcaldes durante la pandemia de Covid-19.

El exmilitar mantiene airadas desavenencias con las autoridades de los estados por su rechazo al aislamiento social, principal medida para contener el avance de la Covid-19, como recomendó la Organización Mundial de la Salud.

Bolsonaro minimiza el virus, al que comparó con un resfriado o gripecita, y aboga por el retorno del empleo y las actividades comerciales.

El 24 de abril Moro se apartó del gobierno al alegar injerencia política de Bolsonaro en la Policía Federal (PF) y condicionar su salida con la destitución del delegado Mauricio Valeixco en la jefatura del poderoso órgano de investigación, como realmente sucedió.

Ante tales acusaciones, el Supremo Tribunal Federal (STF) expidió un informe sobre la intromisión del mandatario ultraderechista y la PF pidió, como respuesta, una prórroga de 30 días para concluir las indagaciones sobre el caso.

Por esa demanda, el juez Celso de Mello, decano del STF, pidió al fiscal general Augusto Aras que se encargara de decidir si, al final de la pesquisa, denunciar a Bolsonaro o cerrar la causa.

Se espera que el excapitán del Ejército sea interrogado por escrito o de forma presencial al final de la investigación.

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