Uno de cada cinco migrantes en la región es menor de edad y no existe una política migratoria que proteja los derechos de los niños, dicen especialistas, según el Boletín Desafíos N°11, una publicación conjunta de la CEPAL y UNICEF que registra el avance en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio referidos a la infancia y adolescencia. Cerca de seis millones de personas de América Latina y el Caribe han migrado dentro de la región, y alrededor de 25 millones lo han hecho a Estado Unidos o Europa. Se calcula que 1 de cada 5 migrantes es un niño o adolescente, que puede estar expuesto a abusos.

Si bien su desplazamiento a otros lugares trae algunos beneficios, muchos niños y niñas pueden verse expuestos a riesgos como abusos, explotación y violación de sus derechos, advierten especialistas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  (UNICEF) en el artículo Los niños y la migración internacional en América Latina y el Caribe. Señalan que millones de menores de edad están sufriendo severas restricciones en sus derechos humanos, debido a su condición de migrantes y a la de sus padres.

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Los autores, Ruth Feuk, Nadine Perrault y Enrique Delamónica, explican que la migración afecta a los niños de diferentes maneras durante su ciclo de vida, ya sea al migrar junto a sus padres, solos, o dejados atrás por uno o ambos de sus padres migrantes. Sin embargo, agregan que el impacto de esta migración en los menores de edad debe ser analizado en el contexto más amplio de la pobreza y las desigualdades que se dan entre y al interior de los países.

El estudio indica que  políticas migratorias restrictivas, xenofobia, discriminación y tráfico de personas, son algunos de los riesgos principales que deben enfrentar los migrantes, especialmente si son indocumentados.

En el lado positivo, la investigación precisa que los niños que migran en compañía de sus padres, o aquellos que reciben asistencia financiera por medio de las remesas, pueden obtener mayores oportunidades de desarrollo en términos de educación, salud y adaptación psicosocial. En particular, las remesas también pueden ayudar a disminuir el trabajo infantil.

El estudio señala los principales desafíos pendientes para los gobiernos de la región en esta materia, son: generar una política migratoria que proteja los derechos de los niños, especialmente de aquellos que migran de manera irregular, que vele por los derechos económicos, sociales y culturales de niñas y niños; acceso al derecho a la identidad al momento del nacimiento; y evitar la detención de niños y adolescentes migrantes por causa de su entrada ilegal a sus países de destino.

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Finalmente, los autores entregan recomendaciones para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes y fomentar los efectos positivos de la migración. Entre ellos mencionan, evitar los impuestos sobre las remesas e implementar medidas  que faciliten las transacciones; explorar opciones de cooperación internacional para hacer cumplir las obligaciones económicas de los padres separados o divorciados con sus hijos, aunque vivan en países diferentes; reformar las legislaciones nacionales para que incluyan medidas y políticas de protección de los derechos sociales, económicos y culturales de los niños migrantes; entre otras.

El Boletin Desafios N°11 está disponible en inglés en el sitio de la CEPAL.