Indice

– El sistema de la deuda.

– El poder del lenguaje y análisis del discurso.

– El relato de Joseph Stiglitz del año 2002.

– Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.

– CIADI.

– Violaciones a las constituciones nacionales de los Estados.

– Los nuevos tratados bilaterales.

– Deuda como inversión cubierta.

– Mecanismos de reestructuras de deudas soberanas.

– Las agendas del FMI y BM.

– Contenidos y exclusiones.

– Generadores y administradores de “crisis”.

– Las Condicionalidades políticas de la deuda.

– El relato de Anne Krueger.

Un voraz capitalismo financiero-especulativo extranjero, las presiones de la clase dominante nacional y sus grupos aliados a ese sistema, llevaron a que los sucesivos gobiernos de la República Argentina acondicionaran las leyes para favorecer el manejo del endeudamiento público.

Esto determinó una mayor pérdida de soberanía, debido a la falta de control constitucional, incluso era muy común que los legisladores se enteraran de los canjes de deuda a través de los medios de prensa.

Un ejemplo de ello fue una norma que se conoce como la “ley cerrojo” intentó desconocer las potestades constitucionales del Congreso de la Nación y la transfirieron al Poder Ejecutivo, y luego se desaplicaba la misma, para poder realizar un nuevo canje de deuda.

Resulta muy interesante el fenómeno de la judicialización y denuncias presentadas en esos años, incluso en algunas causas con procesamientos en primera instancia al ex presidente De la Rúa y varios integrantes de su equipo económico por irregularidades del canje de deuda del año 2001.

En el Canje de deuda del año 2010, también aparecieron, varios manejos irregulares, que fueron denunciados en la prensa y también judicialmente.

Solo a modo de ejemplo:

Denuncia penal presentada ante la Justicia Federal el 12/05/2010 por el Dr. Ricardo Monner Sans, Mario Cafiero y

Javier Llorens (Causa Nro. 6197/2010, Juzgado Nro. 5 Fiscalía Nro. 2);

Estas situaciones generaron y propiciaron la fuga de capitales del país, mediante procedimientos legales e incluso en los tratados internacionales elaborados por y para los inversores, donde se incluye la cláusula de libre transferencias de todo tipo de bienes, divisas, recursos, etc. Nuevamente se completaba un nuevo “círculo vicioso” de la deuda pública.

Las instituciones financiera internaciones – F.M.I. y B.M.- a partir de la década de los años noventa, imponían como condicionamiento previo, un dictamen por parte de la autoridad nacional, que negara expresamente la naturaleza de la obligación (colocación deuda pública).

Debía dejarse constancia que el Estado argentino, actuaba como un particular (actividad privada/ius gestionis) y no como un Estado soberano (función pública/ius imperii). El consentimiento cuando es bajo presión o amenaza, no es válido, es de una nulidad insubsanable. Por lo que desde el punto de vista jurídico del derecho internacional, las convenciones, los principios de derecho internacional público, principios generales de derecho, orden público, normas imperativas; estas prácticas adolecen de una nulidad que puede y debe ser reclamada desde los Estados y desde los pueblos.

El objetivo buscado era crear la apariencia de una actividad “privada”, para quitarle todas las inmunidades, potestades reconocidas por el derecho internacional público a los Estados, y las prerrogativas que determina la Constitución de la República Argentina (arts. 75, 116 y otros).

El modelo del texto elaborado desde estas instituciones, y que los Estados debían firmar, era el siguiente:

Dictamen del Procurador del tesoro de la Nación de fecha 21 de febrero de 2001:

“DEUDA EXTERNA. Emisión y venta de Títulos. Actos privados y comerciales. Autorización gubernamental. Improcedencia.

La formalización, otorgamiento y cumplimiento de los Acuerdos, la emisión y venta de los Títulos y el cumplimiento de sus términos por parte de la República constituyen actos privados y comerciales (“jure gestionis”) y no actos gubernamentales o públicos (“jure imperii”). No se requiere Aprobación Gubernamental para la suscripción y cumplimiento por parte de la República de los Acuerdos; o para la emisión, venta y cumplimiento de los términos de los Títulos por parte de la República; o para la validez o ejecutabilidad de los Acuerdos y los Títulos contra la República.”

Esta maniobra “dolosa” fue implementada desde el Fondo Monetario Internacional, en el período anterior a la Crisis Económica del año 2001 – 2002, ante la posibilidad de un eventual riesgo de no pago de los instrumentos de deuda (bonos, letras, etc.), y cuáles serían las soluciones: los mecanismos de “reestructuración de deudas soberanas”. Existía un universo de países con sistemas jurídicos de diferentes raíces (origen e instituciones): anglosajona, latina y otras, la única manera de colocar a todos los Estados en una “uniformidad” (mismo régimen jurídico) e “inferioridad” de condiciones (sin prerrogativas del Derecho internacional Público), fue la de des-naturalizar la relación jurídica de la deuda pública.

Creando la apariencia de una deuda “privada”, contratada entre dos partes “privadas”. Dicha ficción es insostenible jurídicamente, es un absurdo evidente, ya que una de las partes es el Estado, de naturaleza pública, y actúa ejerciendo una función pública.

El objetivo fundamental era atacar la inmunidad de jurisdicción de los Estados. Como lo dispone el derecho internacional público, la inmunidad es un atributo fundamental del Estado, en virtud del cual ningún Estado puede ser sometido a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado, a menos que consienta a ello voluntariamente.

Es decir, uno de los elementos fue la aceptación “voluntaria” (que no fue voluntaria, como acreditaremos en este trabajo), en los contratos de deuda y en sus diferentes instrumentos (bonos, letras, incluso recientemente a través de cláusulas de acción colectivas –CAC- en instrumentos de deudas nacionales) para aceptar la “prórroga de jurisdicción extranjera” en jurisdicciones como la Estados Unidos e Inglaterra a criterio del acreedor.

Lo interesante es que en esos países, los mecanismos creados son para proteger únicamente a los “acreedores” (tenedores de bonos, u otros títulos), como analizaremos más adelante. Solo a modo de ejemplo, en Estados Unidos de América, a partir de la creación en 1976 de la “Foreign Sovereign Immunities Act” (“Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras”, LISE por sus siglas en español) única aplicable en materia de demandas contra un Estado extranjero en dicho país, establece una serie de excepciones. Solo mediante la utilización de dos de ellas: “la renuncia voluntaria: expresa o tácita” por parte del Estado demandado, al uso de la defensa de su inmunidad soberana. O que las actividades del Estados sean: “actividades comerciales”, privadas. Dejaron a todos los Estados demandados en dicha jurisdicción, sin defensas, y frente a sistemáticas condenas por un juez nacional que es transformado en juez internacional, por una norma interna.

Estos elementos es lo que configuran, lo que he denominado la “trampa ius privatista” a la deuda pública y sus consecuencias. “Es, pues comprensible que el FMI y las estrategias que impone a países de todo el mundo sean acogidos con tanta hostilidad (…)

Los miles de millones también suelen ser utilizados para pagar a los acreedores extranjeros, incluso aunque la deuda sea privada. En muchas ocasiones lo que fueron pasivos privados son de hecho nacionalizados” Joseph Stiglitz.

Otro de los mecanismos del endeudamiento, es la conversión de deuda privada en deuda pública, y luego en externa como lo aplicaron los agentes bancarios colocadores de deuda pública en toda América Latina y el Caribe en la década de los años 80.

Para esta actuación de una política de “realismo mágico”, los acreedores definen que la actividad del Estado es de origen “privado”, “comercial”, y que siendo una relación entre dos sujetos privados, solo alcanza la “autonomía de la voluntad” para obligarse entre sí. De esta manera, se intentó por un acto de magia de los acreedores, desaparecer más de dos siglos de derecho internacional público, todo el derecho de raíz latina y los otros sistemas, donde los Estados se transformaban en privados.

Esto también implicaba que la única fuente de obligación era la que regulaba las relaciones privadas desde el derecho anglosajón, lo cual resulta inadmisible jurídicamente y políticamente. Las obligaciones de deuda, son intrínsecamente de derecho público, el estado, no puede ceder o perder su naturaleza, cuando contrae una deuda para satisfacer las necesidades de sus poblaciones, de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones y fines. Actúa dentro de sus facultades en el ejercicio de los actos de naturaleza pública (“ius imperii”), y los pagos de la deuda e interés, se realiza con dineros públicos (por ejemplo: afectando los presupuestos públicos).

Se puede concluir que la fisonomía de la dominación global, está basada en un pensamiento y lenguaje único, que tiene las particularidades de ser: colonial, neoliberal, patriarcal, entre otras. Y su objetivo central es la dominación y “esclavitud” global, política y cultural de los Estados, empresas y pueblos, a través del sistema de la Deuda.

“(…) tenemos un sistema que cabría denominar Gobierno global sin Estado global, en el cual un puñado de instituciones – el Banco Mundial, el FMI, la OMC –y unos pocos participantes- los ministros de Finanzas, Economía y Comercio, estrechamente vinculados a algunos intereses financieros y comerciales- controlan el escenario, pero muchos de los afectados no tienen casi voz (…)”

Joseph E. Stiglitz

(Ex-primer vicepresidente y Ex-economista jefe del Banco Mundial, Asesor económico de Bill Clinton. Premio Nobel de Economía 2001)

La deuda pública es ontológicamente ILEGÍTIMA, es quizás la nota constitutiva, más característica de una deuda pública. La ILEGÍTIMIDAD, aparece en el mismo momento que se intenta condicionar y/o imponer a un Estado, y por ende a sus poblaciones (ciudadanos o extranjeros), el pago de deudas en las cuales no hayan prestado su propio consentimiento, sean contra sus intereses o contra los derechos fundamentales de una población.

Debemos distinguir la ilegitimidad al menos en dos niveles. Uno es el caso de los gobiernos “usurpadores”, “de facto”, “dictaduras”, en los cuales no existe un estado de Derecho, no existe una democracia. Otro es cuando existe una democracia, un Estado de Derecho, o al menos una aparente “democracia” y un aparente “Estado de Derecho”, porque si analizados los comportamientos y los hechos fácticos, puede concluirse que observamos ilegitimidades en ambos casos.

En el primer caso una “dictadura”, con las características de las desarrolladas en América Latina (toma del poder de manera militar, disolución de los Poderes del Estado -legislativo, ejecutivo-judicial; sin libertades, etc.) resulta demasiado evidente que todo lo actuado carece de legitimidad, no hay argumentos para justificar ninguna actuación “legítima”, mucho menos en el manejo de las deudas y finanzas públicas.

Nos detendremos en el segundo caso, donde existe una formal y aparente democracia y un Estado de derecho.

Si tomamos la definición más simple, democracia sería el sistema político de gobierno cuya autoridad emana del pueblo o como decía Abraham Lincoln: “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Para el diccionario de la Real academia Española, democracia es: “Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos (…) Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes.”

Cuando el manejo del endeudamiento y el pago de la deuda e intereses, se transforma en la principal obligación del Estado en menoscabo de los demás fines esenciales del Estado. Dejando de lado la garantía y efectividad en el goce de los derechos humanos fundamentales de sus pueblos (vida, salud, educación, vivienda, etc.). Esa práctica diaria impuesta por las instituciones financieras a la mayoría de los Estados del mundo, configura un escenario de ilegitimidades, ilicitudes e incumplimientos nacionales e internacionales por parte de los Estados y de sus gobernantes. También son responsables directos e indirectos, diversos actores: los gobiernos y las clases dominantes locales, “los bancos” que administran y gestionan la deuda pública; las “calificadoras de riesgo país” o “agencias de rating”(vinculadas a los mismos bancos); las organizaciones que controlan los mercados de valores y de comercialización de los instrumentos de deuda –por ejemplo bonos de deuda soberana, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos —comúnmente conocida como la SEC— es una agencia del Gobierno de Estados Unidos -; las instituciones financieras internacionales (IFIS): Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Central Europeo, …etc..

Dos de los responsables más importantes, del diseño y vigilancia de cumplimiento de estas políticas son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que a su vez integran la Organización de Naciones Unidas. Su comportamiento además de ser contrario a sus fines, es violatorio de las reglas de la Carta y Principios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), lo cual merece un reproche de responsabilidad jurídica internacional por su actuación concreta desde hace varias décadas, de manera constante e ininterrumpida.

El ex-primer vicepresidente y Ex-economista jefe del Banco Mundial, Asesor económico de Bill Clinton. Premio Nobel de Economía 2001, dice: “El FMI y el BM se originaron en la II Guerra Mundial como resultado de la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Wood, New Hampshire, en julio de 1944, y fueron parte del esfuerzo concertado para reconstruir Europa tras la devastación de la guerra y para salvar al mundo de depresiones económicas futuras. (…) En su concepción original, pues, el FMI se basó en el reconocimiento de que los mercados a menudo no funcionaban: podían dar lugar a un paro masivo y fallarían a la hora de aportar los fondos imprescindibles para que los países pudiesen recomponer sus economías.

El FMI surgió de la creencia en la necesidad de una acción colectiva a nivel global para lograr la estabilidad económica, igual que la ONU surgió de la creencia en la necesidad de una acción colectiva a nivel global para lograr la estabilidad política. El FMI es una institución pública, establecida con dinero de los contribuyentes de todo el mundo. Es importante recordar esto, porque el Fondo no reporta directamente ni a los ciudadanos que lo pagan ni a aquellos cuyas vidas afecta. En vez de ello, reporta a los ministros de Hacienda y a los bancos centrales de los Gobiernos del mundo. Ellos ejercen su control a través de un complicado sistema de votación basado en buena medida en el poder económico de los países a finales de la II Guerra Mundial.

Desde entonces ha habido algunos ajustes menores, pero los que mandan son los grandes países desarrollados, y uno solo, los Estados Unidos, ostenta un veto efectivo (en este sentido similar a la ONU, donde un anacronismo histórico determina quién ejerce el veto –las potencias victoriosas de la II Guerra – pero al menos allí ese poder de veto es compartido entre cinco países). El FMI ha cambiado profundamente a lo largo del tiempo. Fundado en la creencia de que los mercados funcionaban muchas veces mal, ahora proclama la supremacía del mercado con fervor ideológico.

Fundado en la creencia de que es necesaria una presión internacional sobre los países para que acometan políticas económicas expansivas –como subir el gasto, bajar los impuestos o reducir los tipos de interés para estimular la economía – hoy el FMI típicamente aporta dinero sólo si los países emprenden políticas como recortar los déficit y aumentar los impuestos o los tipos de interés, lo que contrae la economía. Keynes se revolvería en su tumba si supiese lo que ha sucedido con su criatura. El cambio más dramático de estas instituciones tuvo lugar en los años ochenta, la era en que Ronald Reagan y Margaret Thatcher predicaron la ideología del libre mercado en los Estados Unidos y el Reino Unido. El FMI y el Banco Mundial se convirtieron en nuevas instituciones misioneras, a través de las cuales esas ideas fueron impuestas sobre los reticentes países pobres que necesitaban con urgencia sus préstamos y subvenciones.”

En estas situaciones, se observa como el concepto de democracia (representativa, parlamentaria) comienza a desvanecerse, a perder fuerza, y a ceder frente a otros intereses que no son los del pueblo. Ni tampoco son “por” y “para el pueblo”. Estas instituciones no rinden cuenta “ni a los ciudadanos que lo pagan ni a aquellos cuyas vidas afecta”.

Como un abogado con “pretensión de verdad”, debemos ir en búsqueda de la prueba, “tanto da no probar como no tener derecho”, dice la máxima de técnica forense. Las condiciones de “vida” o de sobrevivencia de una inmensa mayoría de la población mundial, son una evidencia irrefutable de que el sistema de dominación de la deuda, es de carácter político, y de “esclavitud” a nivel global. La categorización como parte de un todo, de un sistema mundo, o sistema capitalista, colonial, patriarcal, inhumano, antiecológico, antropófago, etc. son fáciles de observar. Al decir de Manfred Max Neef: “en el momento que miré a los ojos a la pobreza, me quedé mudo”.

El parlamento latinoamericano en 1999 definió la ilegitimidad de la deuda, identificando cuatro causas:

la primera es la referida al origen de la deuda, ya que en muchos casos fue contraída con fraudes y falsedad instrumental de los contratos.

La segunda causa es de la óptica del derecho internacional público, y se remite al usurario aumento unilateral y progresivo de las tasas de intereses iniciado en los ’80 por la reserva federal de Estados Unidos.

La tercera es la proveniente de los acuerdos del Plan Brady. Los gobiernos de los países deudores fueron obligados a renegociar las deudas con el implícito reconocimiento forzado de esas deudas ilegítimas. Los niveles de anatocismo al que había llegado su monto en el momento de la firma de esos convenios alcanzan márgenes para decir que es una violación directa a los derechos humanos.

La cuarta causa de ilegitimidad se da en los casos de los países en los que hay complicidad de los gobiernos y de aquellos funcionarios que luego de renegociar la deuda dejaron sus cargos y de inmediato pasaron a desempeñarse como directivos de alto rango de los organismos multinacionales de crédito. A estos también corresponde la aplicación de los códigos penales respectivos que reprimen la violación de los deberes de los funcionarios públicos y el cohecho. La comprobación de todas estas características del Sistema de la Deuda, fueron encontradas, analizadas y auditadas en la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público (CAIC), adscrita al Ministerio de Finanzas creada el 9 de julio de 2007, por Decreto Ejecutivo 472 del Presidente de la República de Ecuador Rafael Correa.

Su creación fue a los efectos de auditar el endeudamiento público y determinar “su legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia, considerando los aspectos legales y financieros, los impactos económicos, sociales, de género; regionales, ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos” (Decreto Ejecutivo 472 art.2). A esos efectos en sus funciones estaban: definir una metodología, auditar contratos y otras formas o modalidades para la adquisición de créditos por parte del sector público del Ecuador, en el periodo 1976 hasta el 2006, estableciendo en cada uno de los casos: antecedentes, viabilidad, montos del crédito original y la unidad monetaria; condiciones económicas, financieras y comerciales pactadas y las aplicadas efectivamente; los condicionamientos; el destino y la utilización real de los recursos; los impactos integrales; etc. (Decreto Ejecutivo, art. 3).

En el año 2006, el Gobierno noruego, a través de su Cancillería, anunció oficialmente la cancelación, sin condiciones y de manera unilateral, de la deuda a Ecuador, Perú, Egipto, Jamaica y Sierra Leona. Con esto Noruega se convierte en el primer país “acreedor” que reconoce la ilegitimidad de la deuda contraída con estos cinco países. Noruega reconoció la ilegitimidad de origen de esas deudas y corrobora así la necesidad de realizar auditorías de deuda. Debe destacarse: se trata de la decisión del gobierno Noruego de cancelar las deudas de varios países, no como dádiva benevolente sino como un deber de justicia al reconocer su corresponsabilidad. Siendo la primera vez en la historia reciente, que un país acreedor cancela el equivalente a 80 millones de dólares bajo el reconocimiento de ilegitimidad de las deudas contraídas en la década de los años 70 para favorecer a su industria naviera.

LOZADA, Salvador María (2002). La deuda externa y el desguace del Estado nacional. Mendoza, Argentina. Ediciones jurídicas Cuyo.

Sus conclusiones finales, así como las conclusiones particulares están disponibles en la http://www.auditoriadeuda.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=59

http://www.auditoriadeuda.org.ec/images/stories/documentos/deuda_multilateral/juridica_multilaterales.pdf

A modo de ejemplo: “Durante los trabajos de investigación realizados por la CAIC se localizó el documento denominado “Tolling Agreement” – “Convenio de Garantía de Derechos”, que trata de la “renuncia” a la Prescripción de la Deuda Externa Comercial Ecuatoriana contratada con la banca privada internacional.

Este acto significó la renuncia unilateral a un derecho indisponible de Ecuador, pues fue suscrito, en Nueva York el 9 de diciembre de 1992, únicamente por partes ecuatorianas: Mario Ribadeneira, Ministro de Finanzas y Crédito Público; Ana Lucia Armijos, Gerente General del Banco Central del Ecuador; y Miriam Mantilla, Cónsul de Ecuador en Nueva York, en representación de las entidades del sector público.

Cabe señalar que la señorita Miriam Mantilla a esa fecha no tenía autorización para la suscripción, pues su nombramiento ocurrió varios días después del 9 de diciembre de 1992.

El Tolling Agreement contiene un único anexo denominado “Schedule 1”, que detalla los “Contratos Originales” a cargo de las entidades del sector público y gobierno ecuatorianos.

El Decreto Ejecutivo No 33322, firmado por el presidente de la República Sixto A. Durán Ballén C. y por el Ministro de Finanzas y Crédito Público encargado Sebastián Pérez Arteta, fue publicado en el país el 9 de diciembre de 1992, es decir en la misma fecha de la suscripción del Convenio, que no estipuló expresamente que se realizara en Nueva York y se acogiera a sus leyes. Tan solo autorizaba la firma del “Convenio de Garantía de Derechos (Tolling Agreement)” con la banca privada extranjera, la que, por su parte, no lo suscribió.

En documentos que se analizaron para el presente Informe, se evidenció que el LLoyds Bank tuvo participación directa en la preparación del Tolling Agreement.

Todos los convenios de la deuda externa comercial ecuatoriana estaban sometidos a las leyes vigentes de Nueva York. A su vez, algunos de los “Contratos Originales” se sometían también a las leyes de Londres. Entre esas leyes está el Estatuto de Limitaciones (“Statute of Limitations”), que reconoce la prescripción de deudas cuando estas no han sido pagadas por espacio de 6 (seis) años.”

http://www.auditoriadeuda.org.ec/images/stories/documentos/deuda_multilateral/juridica_multilaterales.pdf

Notas:

El 18/10/2010. Clarín publicaba una nota de Alejandra Gallo. La lupa de los legisladores y de la justicia se deposita sobre el supuesto tráfico de influencias que hubo en esta operación. El Gobierno había anunciado el cierre del canje para el martes 22.

A pocos días del cierre del canje 2010, la oposición disparó contra el equipo económico por supuesta violación de deberes de funcionario público abuso y supuesto tráfico de influencias en la operación con la que el gobierno de Cristina Kirchner busca eliminar el fantasma del default argentino en el mercado internacional.

“El equipo económico debe explicar varias irregularidades: porqué puenteó totalmente al Congreso en este canje, las contrataciones irregulares de Arcadia y por qué no quiere o no puede entregar los nombres de bonistas que compraron bonos a precio de remate y que ahora entraron al canje”, disparó el diputado Claudio Lozano de Proyecto Sur.

https://www.clarin.com/gobierno/dias-cierre-oposicion-dispara-canje_0_SyPz6eAw7e.html

2/ Cuya copia de la denuncia se puede acceder en el siguiente link:

http://proyectonacional.files.wordpress.com/2010/05/denuncia_penal.pdf

Resulta muy esclarecedor toda la prueba incorporada a la causa.

Además del Informe: “Los fraudes y defraudaciones en la reapertura del canje de la deuda en default” de Mario Cafiero y Javier Llorens puede bajarse de esta dirección:

https://proyectonacional.files.wordpress.com/2010/05/fraudes_y_defraudaciones_reapertura_canje_bonos.pdf

3/ Dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación Argentina de fecha 21 de febrero de 2001.

Expte. N° 080-000501/2001. Ministerio de Economía (Dictámenes 236:375) disponibles en – http://www.ptn.gov.ar/Dictamenes/s236-375.pdf

http://ptn.gov.ar/Dictamenes/236-375.pdf

Expediente N° 001-000328/2001. Ministerio de Economía; 21 de febrero de 2001. (Dictámenes 236:391)disponible en:

http://www.ptn.gov.ar/Dictamenes/s236-391.pdf

4/  Es un actuar con dolo: con la intención de causar un perjuicio, un daño a otro.

5/  Anne Krueger directora del FMI en ese momento era su principal artífice, disponible en http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/sdrms.htm

Krueger, Anne, 2001a, “International Financial Architecture for 2002: A New Approach to Sovereign Debt Restructuring”,

http://www.imf.org/external/np/speeches/2001/112601.htm.

Krueger, Anne, 2001b, “A New Approach to Sovereign Debt Restructuring”,

http://www.imf.org/external/np/speeches/2001/122001.htm.

6/ Sobre este punto se desarrollara más en el capítulo correspondiente. La documentación elaborada por el FMI y BM sobre estas cláusulas está disponible entre otras, en las Directrices del año 2014. Disponible en la página web: Disponible en la páginaweb:

http://treasury.worldbank.org/documents/RevisedGuidelinesforPublicDebtManagement_2014_Spanish.pdf

7/ Stiglitz, Joseph (2002). El malestar en la Globalización, ed. Taurus, Madrid, p. 291

8/ El realismo mágico es un movimiento literario de mediados del siglo XX y se define como una preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común.

9/ Stiglitz, Joseph (2002). El malestar en la Globalización, ed. Taurus, Madrid, p. 51-52

10/ Discurso que pronunció el 19 de noviembre de 1863

Stiglitz, Joseph (2002). El malestar en la Globalización, ed. Taurus, Madrid, págs. 38, 39, 40, 41.

12/ Pretensión de verdad, significa ir en busca de la “verdad”. Si en ese camino no logramos acreditar esa idea que tenemos como verdades, quedaremos con la sola “pretensión”. Incluso una vez que llegamos a ciertas verdades, aparecerán nuevos hechos, nuevos hitos y ante ellos debemos seguir caminando y construyendo caminos nuevos que nos liberen de la opresión del sistema deuda y su esclavitud.

13/ Disponible en:

http://www.lamarea.com/2014/07/06/manfred-max-neef-el-rescate-de-los-delincuentes-financieros-es-la-mayor-inmoralidad-de-la-historia-de-la-humanidad/

14/ LOZADA, Salvador María (2002). La deuda externa y el desguace del Estado nacional. Mendoza, Argentina. Ediciones jurídicas Cuyo.

15/ Sus conclusiones finales, así como las conclusiones particulares están disponibles en la web

http://www.auditoriadeuda.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=89

http://www.auditoriadeuda.org.ec/images/stories/documentos/deuda_multilateral/juridica_multilaterales.pdf

A modo de ejemplo: “Durante los trabajos de investigación realizados por la CAIC se localizó el documento denominado “Tolling Agreement” – “Convenio de Garantía de Derechos”, que trata de la “renuncia” a la Prescripción de la Deuda Externa Comercial Ecuatoriana contratada con la banca privada internacional.

Este acto significó la renuncia unilateral a un derecho indisponible de Ecuador, pues fue suscrito, en Nueva York el 9 de diciembre de 1992, únicamente por partes ecuatorianas: Mario Ribadeneira, Ministro de Finanzas y Crédito Público; Ana Lucia Armijos, Gerente General del Banco Central del Ecuador; y Miriam Mantilla, Cónsul de Ecuador en Nueva York, en representación de las entidades del sector público.

Cabe señalar que la señorita Miriam Mantilla a esa fecha no tenía autorización para la suscripción, pues su nombramiento ocurrió varios días después del 9 de diciembre de 1992.

El Tolling Agreement contiene un único anexo denominado “Schedule 1”, que detalla los “Contratos Originales” a cargo de las entidades del sector público y gobierno ecuatorianos.

El Decreto Ejecutivo No 33322, firmado por el presidente de la República Sixto A. Durán Ballén C. y por el Ministro de Finanzas y Crédito Público encargado Sebastián Pérez Arteta, fue publicado en el país el 9 de diciembre de 1992, es decir en la misma fecha de la suscripción del Convenio, que no estipuló expresamente que se realizara en Nueva York y se acogiera a sus leyes. Tan solo autorizaba la firma del “Convenio de Garantía de Derechos (Tolling Agreement)” con la banca privada extranjera, la que, por su parte, no lo suscribió.

En documentos que se analizaron para el presente Informe, se evidenció que el LLoyds Bank tuvo participación directa en la preparación del Tolling Agreement.

Todos los convenios de la deuda externa comercial ecuatoriana estaban sometidos a las leyes vigentes de Nueva York. A su vez, algunos de los “Contratos Originales” se sometían también a las leyes de Londres. Entre esas leyes está el Estatuto de Limitaciones (“Statute of Limitations”), que reconoce la prescripción de deudas cuando estas no han sido pagadas por espacio de 6 (seis) años.”

http://www.auditoriadeuda.org.ec/images/stories/documentos/deuda_multilateral/juridica_multilaterales.pdf

Por: Eduardo Camin

Dr Ramiro Chimuris

 Primera parte; La historia de la deuda ilegitima

https://hebdolatino.ch/es/espanol/13-actualidades/latinoamerica/5645-primera-parte-la-historia-de-la-deuda-ilegitima.html