Desde que apareció el hombre sobre la superficie de la tierra, se ha dado el fenómeno del conocimiento como una de las formas de relación entre el hombre y su ambiente (la otra forma de relación es el trabajo productivo).

El fenómeno del conocimiento era, al principio, algo muy rudimentario, así como era de rudimentario el mismo hombre.

Muy probablemente el hombre primitivo sólo llegaba a conocer las cosas que le rodeaban “en cuanto ambiente”, esto quiere decir que no las conocía como formando parte de un todo organizado, sino simplemente como “algo” que está ahí”, determinándolo, sin que el hombre pueda evitarlo.

Hay una realidad previa en esta mundanidad en la que estamos instalado, y en esa instalación mundana encuentro cosas, descubro cosas, innumerables cosas que precisamente no están dadas. No obstante, el ser humano necesita tener esa actualidad dada, presente de todas las cosas.

Hoy en estas encrucijadas de caminos, de senderos sin rumbo, en estos tiempos modernos, también vemos como hay etiquetas ideológicas que se han ido vaciando de contenido.

Hoy de los vicios privados, se hacen virtudes públicas, por lo tanto, nos no puede sorprender que, frente a las interrogantes de los pueblos, las respuestas se pretendan disolver bajo los principios de una libertad política, interpretada como derecho individual y propietario de una democracia entendida como procedimiento electoral cuyas reglas de juego sea la de seleccionar una elite.

Esta actitud cuasi arrogante de las clases políticas genera la más grande confusión. ¡Por eso decimos! ¡Cuán grande es la fuerza de los conocimientos! y eso es precisamente lo que temen los sembradores de tinieblas, quitándole brillo a la verdad. A veces se dice que la búsqueda de la verdad es asunto de los científicos, filósofos, escritores y políticos, afirmando que la “gente sencilla” puede vivir sin buscar la verdad.

No hay nada más erróneo que esa opinión, los hombres necesitan de la verdad, a conocerla en todo momento. Desde tiempos inmemoriales la verdad actúa como la luz de la razón, pero no a todos le gusta la luz y se comprende, alumbrar un pueblo con la potencia del raciocinio humano significa ver muchas cosas en él, conocer mucho de él, saber hacer mucho en él… Por eso se impone cambiar la actual dirección del debate, ya que se trata de conjugar el desarrollo teórico con una crítica política capaz de explicar las relaciones sociales contradictorias y complejas definidas por el actual proceso de acumulación de capital, que además nos conlleva a una pérdida de valores sin precedentes.

Y es justamente esta escisión entre valores individuales y colectivos entre moral y ética social uno de los aspectos, más inquietante de la crisis del hombre contemporáneo.

Por eso es necesario entender de que nos hablan, sobre todo cuando lo hacen desde el mundo de las finanzas, cuantas tinieblas surgen de los desencantos ocasionados por las cifras, de nuestros países, aquello que se filtra apenas en la opacidad, aquello de lo que poco se sabe y lo mucho que nos cuesta.

En 2016 según Datos Macro, la deuda pública uruguaya fue de 29.311 millones de euros, disminuyó 1.697 millones desde 2015 cuando fue de 31.008 millones de euros. Esta cifra supone que la deuda en 2016 alcanzó el 61,88% del PIB de Uruguay, una caída de 2,7 puntos respecto a 2015, cuando la deuda fue el 64,58% del PIB. Según el informe, la deuda per cápita en Uruguay en 2016, fue de 8.511 euros por habitante. Las cifras son lo que son y con ella se puede decir mucho, poco o nada.

En realidad, este articulo no esta basado en las cifras sino en su componente asocial, y odioso del sistema de la deuda. Lo hemos dicho alguna vez desde la “Red de Cátedras sobre la deuda”, con el Dr. Ramiro Chimuris y lo seguimos pensando cada vez con más convicción. La deuda pública es ontológicamente ILEGÍTIMA, y es quizás la nota constitutiva, más característica de una deuda pública. La ILEGÍTIMIDAD, aparece en el mismo momento que se intenta condicionar y/o imponer a un Estado, y por ende a sus poblaciones (ciudadanos o extranjeros), el pago de deudas en las cuales no hayan prestado su propio consentimiento, sean contra sus intereses o contra los derechos fundamentales de una población.

Debemos, eso sí, distinguir la ilegitimidad al menos en dos niveles. Uno es el caso de los gobiernos “usurpadores”, “de facto”, “dictaduras”, en los cuales no existe un estado de Derecho, no existe una democracia. Otro es cuando existe una democracia, un Estado de Derecho, o al menos una aparente “democracia” y un aparente “Estado de Derecho”, porque si analizados los comportamientos y los hechos fácticos, puede concluirse que observamos ilegitimidades en ambos casos.

En el primer caso una “dictadura”, con las características de las desarrolladas en América Latina (toma del poder de manera militar, disolución de los Poderes del Estado -legislativo, ejecutivo-judicial; sin libertades, etc.) resulta demasiado evidente que todo lo actuado carece de legitimidad, no hay argumentos para justificar ninguna actuación “legítima”, mucho menos en el manejo de las deudas y finanzas públicas.

Pero nos detendremos en el segundo caso, donde existe una formal y aparente democracia y un Estado de derecho. Si tomamos la definición más simple, democracia sería el sistema político de gobierno cuya autoridad emana del pueblo o como decía Abraham Lincoln: “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Para el diccionario de la Real academia española, democracia es: “Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos (…) Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes.”

Cuando el manejo del endeudamiento y el pago de la deuda e intereses se transforma en la principal obligación del Estado en menoscabo de los demás fines esenciales del Estado. Dejando de lado la garantía y efectividad en el goce de los derechos humanos fundamentales de sus pueblos (vida, salud, educación, vivienda, etc.). Esa práctica diaria impuesta por las instituciones financieras a la mayoría de los Estados del mundo configura un escenario de ilegitimidades, ilicitudes e incumplimientos nacionales e internacionales por parte de los Estados y de sus gobernantes.

También son responsables directos e indirectos, diversos actores: los gobiernos y las clases dominantes locales, “los bancos” que administran y gestionan la deuda pública; las “calificadoras de riesgo país” o “agencias de rating”(vinculadas a los mismos bancos); las organizaciones que controlan los mercados de valores y de comercialización de los instrumentos de deuda –por ejemplo bonos de deuda soberana, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos —comúnmente conocida como la SEC— es una agencia del Gobierno de Estados Unidos -; las instituciones financieras internacionales (IFIS): Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Central Europeo, …etc..

Dos de los responsables más importantes, del diseño y vigilancia de cumplimiento de estas políticas son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que a su vez integran la Organización de Naciones Unidas. Su comportamiento además de ser contrario a sus fines es violatorio de las reglas de la Carta y Principios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), lo cual merece, al menos, un reproche de responsabilidad jurídica internacional por su actuación concreta desde hace varias décadas, de manera constante e ininterrumpida. En estas situaciones, se observa como el concepto de democracia (representativa, parlamentaria) comienza a desvanecerse, a perder fuerza, y a ceder frente a otros intereses que no son los del pueblo. Ni tampoco son “por” y “para el pueblo”. Estas instituciones no rinden cuenta “ni a los ciudadanos que lo pagan ni a aquellos cuyas vidas afectas”.

No obstante, ningún gobierno latinoamericano sugirió la idea de llevar a un tribunal internacional una denuncia sobre el pago de una deuda pública (externa e interna) ilegitima.

Solo podemos citar la Auditoria de Ecuador (2007-2008) donde se saldo con el no pago de 30 millones de dólares de la deuda soberana por considerar que era absolutamente ilegitima. Hay condiciones para señalar que las deudas no deberían pagarse. Sin embargo, ahí siguen los ministros de economía y finanza insistiendo que es un deber moral pagar las deudas. La trágica historia de los usureros de los tiempos modernos nos recuerda el cuento de García Marques “La triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada” (1972).

La injerencia política y económica mediante diversos mecanismos, creación de leyes, reformas de las Constituciones Nacionales, modificación de la Cartas Orgánicas de los Bancos Centrales, regulaciones laborales, privatizaciones, tercerizaciones, asociaciones publicas privadas etc. Son las nuevas ingenierías de la deuda para que se apliquen a nivel global, a nivel de países, de NNUU, del Club de Paris, o el Club de Londres, sus reuniones con los ministros de Economia y de Finanzas son parte de la estrategia permanente, sistemática y progresiva para transformar deuda privada en públicas, deudas comerciales en deudas externas y deudas internas, de acuerdo con los intereses de los inversores en desmedro de los intereses de los Estados y sus pueblos.

Esta persuasión se transforma en extorsión cuando las calificadoras de riesgos deciden una buena o mala nota, para que los países se vean en mayores dificultades para acceder a los prestamos de dinero y con mayores tasas de interés. Una burbuja de indignidad, una falsa moral basado en un discurso de la ética para perpetuar, la ignominia de la deuda.

18671 deuda

Por Eduardo Camin

jefe de Redacción Internacional Hebdolatino Ginebra
Columnista de Nodal
Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)